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viernes, 15 de diciembre de 2017

La anticipación del juicio de Lula, quintaesencia del terrorismo jurídico


Jeferson Miola

NODAL

La decisión de acelerar el juicio al expresidente Lula en segunda instancia, es la quintaescencia del régimen de excepción y del terrorismo jurídico instalado en Brasil.

El juicio de Lula tendrá un trámite totalmente excepcional, mucho más rápido que el ritmo normal de juicio del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región [TRF4], que en promedio consume 14,5 meses para dictar una sentencia de segunda instancia.

Lula, sin embargo, será juzgado en el tiempo récord de apenas cinco meses. Es una decisión arbitraria que tiene motivación exclusivamente política. La aceleración del juicio expone la mecanización procesal operada en el contexto del llamado “derecho penal para enemigos”, opuesto al “derecho penal del ciudadano”.

La violencia sobre el “reo-enemigo” es pesada: suspensión de los derechos y de las garantías legales y procesales; condena previa, sin pruebas y basada en “convicciones”; y extremo subjetivismo de los investigadores y de la Policía Federal, procuradores y jueces, todo protegido y dimensionado por una brutal y constante masacre del terrorismo mediático, en la que la Red Globo ocupa un papel destacado.

El régimen de excepción anticipa la condena de Lula para inviabilizar su candidatura presidencial, considerada como imbatible en cualquier escenario proyectado para 2018 y contra cualquier opción electoral probada por la clase dominante hasta ahora.

Esta carta jurídica de excepción es la compensación de la oligarquía golpista a la incapacidad de evitar la elección del ex presidente Lula en las urnas. La oligarquía intenta, con este golpe dentro del golpe, asegurar la continuidad del mismo y de las políticas antipersonales y antinacionales que están devastando y colonizando el país.

Sólo Lula tiene autoridad política y moral para restaurar la democracia y el Estado de Derecho y dar inicio a la reconstrucción económica y social de Brasil. La prohibición de Lula, si se consuma, podrá sumergir al país en un ambiente de inestabilidad y conflicto social de dimensión impensable. Cualquiera que sea el resultado de una elección fraudulenta, éste jamás será aceptado por el pueblo brasileño.

La oligarquía golpista demostró al agotamiento que, en un escenario de mayor ilegalidad e ilegitimidad del régimen, no dudará en adoptar medidas autoritarias y antidemocráticas necesarias para su mantenimiento. La guerra contra Lula es la guerra contra el pueblo y contra el ideal de una nación justa, soberana y democrática. Esta guerra, al parecer, está lejos del final.

Jeferson Miola es integrante del Instituto de Debates, Estudios e Alternativas (Idea) de Porto Alegre (Brasil) y fue coordinador-ejecutivo del 5º Foro Social Mundial y director de la secretaría administrativa del Mercosur.

Fuente: https://www.nodal.am/2017/12/brasil-la-anticipacion-del-juicio-lula-quintaesencia-del-terrorismo-juridico-jeferson-miola/

La encrucijada del presidente PPK

Perú

César Zelada

Rebelión

“…No sabemos quién (mal) aconseja al presidente; el o la que sea debe jubilarse ya. Respecto a su relación con Odebrecht, el mandatario aparece como faltando a la verdad. Los pocos leales escuderos políticos que le quedan hacen malabares y acrobacias para diferenciar H2Olmos de Odebrecht. La cuestionada firma brasileña tiene en el Perú 43 empresas, investigadas solo dos…”, redactó la periodista Mariela Balbi (“Quo Vadis PPK”, diario Perú 21, 13/12/17).

Y tiene razón para alarmarse la columnista del diario de los Miroquesada, pues, PPK, ha demostrado todo este tiempo en el gobierno, no solo ser un pésimo político sino que está “disparándose a los pies”.

Y en efecto, las contradictorias declaraciones de PPK sobre sus negocios con la empresa Odebrecht, lo que están generando es más volatilidad política. Con este gobierno de derechas se cae, como un castillo de naipes, la aurora que tenían los tecnócratas neoliberales que hasta antes del 2016 se jactaban de ser los líderes del progreso en el país. Y esto lo decimos no solamente por el caso Lavajato sino porque la economía no podido despegar de su 2% sino que los pronósticos de crecimiento en medio de tanto laberinto y escándalo, con tres directivos de constructoras vip encarcelados, son pesimistas en el peor de los casos.

Recién se acaba de descubrir que PPK si hizo consultorías a Odebrecht a través de la empresa First Capital. “… Westfield Capital brindó siete consultorías a Odebrecht, entre noviembre del 2004 y diciembre del 2007. Dos de ellas están relacionadas a la carretera Interoceánica norte. Por estas, el actual mandatario recibió US$717.570…”, (Perú 21, 13/12/17). Mientras que su socio en la misma empresa, Gerardo Sepúlveda, realizó otras consultorías entre el 2005 y 2013 por un monto de US$ 4’043.941.

Esta cuestión la está utilizando bien a su antojo el fujimorismo para contraatacar después del bulling que le hizo l fiscalía por allanar algunos de sus locales partidarios buscando libros de doble contabilidad que detallen las donaciones de Odebrecht.

Para colmo de males de PPK, según la última encuesta de Datum, el 54% de encuestados considera que el jefe de Estado debe acudir a la citación de la Comisión Lavajato (que la lideresa de Nuevo Perú tildo de comisión lavaKeiko y lavaAlan).

En este marco se realizó la llegada del ex presidente Alan García a la Comisión Lavajato, quien orondo se despacho a su diestra y siniestra, siempre con sus escuderos congresistas como Mauricio Mulder y Velásquez Quesquén, para luego, indirectamente, emplazar a PPK a no esconderse del Congreso.

Hasta ahora PPK ha tratado de evitar ir al Congreso para dar sus declaraciones tal vez porque sabe que tiene rabo de paja y que puede meter la pata. PPK ha intentado que otras noticias y que la propia dinámica de la prensa sensacionalista lleve al olvido su vínculo con Odebrecht, pero lo que está generando es todo lo contrario: Perdida de liderazgo y respaldo popular.

Por otro lado, si PPK, fuera al Congreso, sometería a la investidura presidencial al poder congresal y a la vez puede cometer errores en sus declaraciones que el fujimorismo va interpretar a su antojo. O como también a pasado antes, “el pez puede morir por la boca”.

Esta es la encrucijada de PPK.

Jubilaciones: una “contrarreforma” temeraria


Atilio A. Boron

Rebelión

La reforma previsional que quiere el gobierno de Macri ilumina con inigualable nitidez el carácter groseramente clasista de su gobierno. La mal llamada “reforma”, en realidad una cruel “contrarreforma”, es una nueva modalidad de acumulación originaria, o acumulación por desposesión, como la denomina David Harvey, mediante la cual se produce una gigantesca transferencia de ingresos desde la población de la tercera edad hacia el gobierno y los capitales concentrados que aquél representa. Se les quita a los jubilados una cifra que gira en torno a los 100.000 millones de pesos para bancar el déficit fiscal y las astronómicas deudas contraídas por el gobierno de Macri en su fallido intento de otorgar sustentabilidad a un programa que claramente carece de ella. 

Habría que retroceder a la época de oro de la dominación oligárquica, en las décadas finales del siglo diecinueve, para hallar una situación comparable en donde de modo tan descarado el gobierno expoliaba al pobre y a los sectores más vulnerables e indefensos de la sociedad para enriquecer de manera fabulosa a los dueños de la tierra, en aquella época. Hoy son múltiples los sectores capitalistas –tanto nacionales como los que prestan dinero al gobierno de Macri desde afuera- que se benefician de este gigantesco atraco que, ciertamente, no quedará impune. 

Las formaciones políticas que constituyen Cambiemos, en su soberbia, su inescrupulosidad para violar el Estado de Derecho y su autoritarismo represivo, creen que la historia terminó el 22 de Octubre, el día en que el macrismo ganó las elecciones legislativas. Craso error. No se dan cuenta que la historia recién comienza y que en menos de dos años, en el 2019, un pueblo empobrecido, con jubilados condenados a una perversa eutanasia social por la política gubernamental; vejado, privado de sus derechos más elementales, sometido a un apagón mediático e informativo sin precedentes en democracia, con dirigentes presos sin condena, luchadores sociales fusilados por la espalda (Rafael Nahuel) u otros desaparecidos y muertos en circunstancias aún no aclaradas (Santiago Maldonado). Un pueblo, en suma, que contempla azorado como la protesta social legítima y pacífica se reprime con saña para que los sectores más vulnerables e indefensos de la Argentina sean por ley obligados a pagar los costos del ajuste y que muy probablemente decida vengarse de sus victimarios en las próximas elecciones. Seguir apostando a la desmemoria del pueblo argentino podría llegar a ser fatal para el gobierno y sus aliados. 

Tal vez ciertos cambios moleculares en el imaginario popular no sean perceptibles para la mirada autocomplaciente del entorno presidencial y de sus medios de comunicación adictos, pero un examen profundo de aquél demostraría que el vértigo regresivo de las políticas oficiales ha hecho nacer una sorda pero intensa animosidad en contra del oficialismo que, sin duda alguna, se cobrará sus víctimas entre los candidatos de Cambiemos el año próximo. Quien conozca la historia de la Argentina comprenderá que políticas como las que quiere imponer el gobierno de Macri -¡y de la forma en que pretende hacerlo!- siempre tropezaron con una formidable reacción popular. Y esta vez no será diferente; será aún más potente.

La encrucijada del presidente PPK

Perú

César Zelada

Rebelión

“…No sabemos quién (mal) aconseja al presidente; el o la que sea debe jubilarse ya. Respecto a su relación con Odebrecht, el mandatario aparece como faltando a la verdad. Los pocos leales escuderos políticos que le quedan hacen malabares y acrobacias para diferenciar H2Olmos de Odebrecht. La cuestionada firma brasileña tiene en el Perú 43 empresas, investigadas solo dos…”, redactó la periodista Mariela Balbi (“Quo Vadis PPK”, diario Perú 21, 13/12/17).

Y tiene razón para alarmarse la columnista del diario de los Miroquesada, pues, PPK, ha demostrado todo este tiempo en el gobierno, no solo ser un pésimo político sino que está “disparándose a los pies”.

Y en efecto, las contradictorias declaraciones de PPK sobre sus negocios con la empresa Odebrecht, lo que están generando es más volatilidad política. Con este gobierno de derechas se cae, como un castillo de naipes, la aurora que tenían los tecnócratas neoliberales que hasta antes del 2016 se jactaban de ser los líderes del progreso en el país. Y esto lo decimos no solamente por el caso Lavajato sino porque la economía no podido despegar de su 2% sino que los pronósticos de crecimiento en medio de tanto laberinto y escándalo, con tres directivos de constructoras vip encarcelados, son pesimistas en el peor de los casos.

Recién se acaba de descubrir que PPK si hizo consultorías a Odebrecht a través de la empresa First Capital. “… Westfield Capital brindó siete consultorías a Odebrecht, entre noviembre del 2004 y diciembre del 2007. Dos de ellas están relacionadas a la carretera Interoceánica norte. Por estas, el actual mandatario recibió US$717.570…”, (Perú 21, 13/12/17). Mientras que su socio en la misma empresa, Gerardo Sepúlveda, realizó otras consultorías entre el 2005 y 2013 por un monto de US$ 4’043.941.

Esta cuestión la está utilizando bien a su antojo el fujimorismo para contraatacar después del bulling que le hizo l fiscalía por allanar algunos de sus locales partidarios buscando libros de doble contabilidad que detallen las donaciones de Odebrecht.

Para colmo de males de PPK, según la última encuesta de Datum, el 54% de encuestados considera que el jefe de Estado debe acudir a la citación de la Comisión Lavajato (que la lideresa de Nuevo Perú tildo de comisión lavaKeiko y lavaAlan).

En este marco se realizó la llegada del ex presidente Alan García a la Comisión Lavajato, quien orondo se despacho a su diestra y siniestra, siempre con sus escuderos congresistas como Mauricio Mulder y Velásquez Quesquén, para luego, indirectamente, emplazar a PPK a no esconderse del Congreso.

Hasta ahora PPK ha tratado de evitar ir al Congreso para dar sus declaraciones tal vez porque sabe que tiene rabo de paja y que puede meter la pata. PPK ha intentado que otras noticias y que la propia dinámica de la prensa sensacionalista lleve al olvido su vínculo con Odebrecht, pero lo que está generando es todo lo contrario: Perdida de liderazgo y respaldo popular.

Por otro lado, si PPK, fuera al Congreso, sometería a la investidura presidencial al poder congresal y a la vez puede cometer errores en sus declaraciones que el fujimorismo va interpretar a su antojo. O como también a pasado antes, “el pez puede morir por la boca”.

Esta es la encrucijada de PPK.

Brutalidad en Argentina como no se había visto en décadas


La furia se vive tanto en las calles como en el Congreso que fue sitiado por la Gendarmería

Unos 900 efectivos de la Gendarmería cercaron el Congreso para impedir el arribo de miles de ciudadanos que repudian la nueva ley de pensiones impulsada por el presidente argentino, Mauricio Macri, que había ordenado su aprobación ayer en el Congresosí o sí.Foto Ap

La represión a manifestantes duró más de nueve horasFoto Xinhua

En un día considerado devergüenza nacional, con un Congreso sitiado por fuerzas de seguridad federal desde la noche del miércoles –algo nunca visto en los pasados 34 años en Argentina– y una represión brutal que duró más de nueve horas y dejó decenas de heridos y detenidos, el gobierno del presidente conservador Mauricio Macri fracasó en su intento de sesionar para votar la reforma previsional, después de un duro enfrentamiento dentro del recinto de los diputados, y cuando el oficialismo trataba de continuar sin el quórum necesario, mientras se escuchaban detonaciones ensordecedoras afuera, como si se librara una batalla campal.

En medio de una nube de gases disparados por la Gendarmería, que desplegó a 900 efectivos, el levantamiento de la sesión fue festejado por miles de jubilados, sindicalistas, activistas de derechos humanos y trabajadores, cuya pacífica marcha fue impedida de llegar al Congreso. Celebraron la primera batalla ganada en su lucha para impedir que se afecte a los sectores más vulnerables del país. Sólo hubo respuestas duras a la gendarmería de varios grupos de jóvenes que arrojaron piedras en otro sector del Congreso. La represión fue una de las más feroces de años recientes.

Infierno adentro, infierno afuera, titulaba Crónica TV, mientras el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Emilio Monzó, pasada la media hora reglamentaria dijo que había alcanzado el quórum, lo cual no era cierto; dos diputados opositores eran atendidos en la enfermería del Congreso: Matías Rodríguez, del Frente para la Victoria (FpV), quien se desmayó tras la golpiza que le propinaron los gendarmes al llegar al edificio, y su colega Mayra Mendoza, a quien arrinconaron y rociaron el rostro con gas pimienta.

La diputada Victoria Donda, hija de desaparecidos, fue pateada el miércoles por gendarmes y llegó este jueves en muletas al recinto, gritando a Monzó que no se podía sesionar en esas condiciones, mientras miles de manifestantes eran reprimidos afuera.

Gritos, insultos y hasta un golpe dado por Monzó al diputado Leopoldo Moreau, de Unidad Ciudadana, daba cuenta de la furia que también se vivía en el recinto.

Además, fueron golpeados por los gendarmes los diputados Darío Martínez y Horacio Pietragalla, quien salió a pedir a la Gendarmería que detuviera la represión, y que no se llevaran detenido a un joven indigente.

Pietragalla, también hijo de desaparecidos, fue acorralado, golpeado y le rociaron gas pimienta a sólo centímetros de la cara. El fotógrafo de Página/12 Pablo Pirovano fue alcanzado por 12 impactos de balas de goma, y son más de siete los fotógrafos heridos.

Hoy nos tocó vivir una jornada represiva que nos hizo recordar las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, sostuvieron los organismos de derechos humanos que exigieron al presidente Mauricio Macriel cese inmediato de la represión a los manifestantes que fueron a protestar contra el ajuste previsional, que afectará a 17 millones de personas, más de un tercio de la población. También pidieron la inmediata libertad de todos los detenidos y la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los organismos indicaron, en un comunicado, estar convencidos de que la participación y la movilización popularfrenará estos retrocesos en materia de derechos humanos, y se solidarizaron contodos los manifestantes, trabajadores de prensa y diputados reprimidos.

El jefe de la bancada de Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, repudióel fenomenal operativo de represióndispuesto por el gobierno alrededor del Congreso y denunció que el oficialismo “nunca tuvo quórum” para debatir la reforma previsional, adelantando también que pedirán juicio político contra la ministra Bullrich.

Acusó a la administración Macri de haber generadoen forma permanente, desde diciembre de 2015, cuando asumió el gobierno,una política de violencia institucional, y advirtió que ha tomado ese camino. Es un hecho inaudito en 34 años de democracia, concluyó.

La Confederación General del Trabajo (CGT), varios de cuyos gremios acompañaron la movilización, ante la suspensión de la sesión en la Cámara de Diputados, canceló la convocatoria a un paro nacional fijado para este viernes, aunque advirtió que si elpresidente Macri utiliza un decreto de necesidad y urgencia para imponer esta reforma que afecta gravemente los salarios a los jubilados, se realizará un paro nacional mañana mismo y se creará un programa de lucha.

Los gremios de la CGT denunciaron y repudiaronla militarización del Congresoy pidieron quelos excesos de las fuerzas de seguridad deben pesar sobre la cabeza de la ministra de Seguridad.

Después del final de la sesión en la Cámara de Diputados, centenares de jóvenes siguieron agrupándose para llegar al Congreso, que consideraban comoel lugar donde el pueblo debe expresarseen una acción de valentía y coraje muy similar a lo ocurrido el 20 de diciembre de 2001, cuando al grito deque se vayan todoscayó el gobierno de Fernando de la Rúa, dando paso a la más grave crisis de la historia de Argentina.

Los manifestantes regresaban para permanecer en vigilia pacíficamente delante del Congreso, ante la posibilidad de que el oficialismo intentara sesionar en la noche, en ausencia de la oposición, para sacar –sí o sí, como había ordenado Macri– una ley rechazada por 80 por ciento de la población.

Cada vez que llegaban y se instalaban ante las vallas, cantando o gritando, pero sin ejercer violencia, la gendarmería volvía a salir utilizando los camiones hidrantes, y comenzaba una cacería lanzando gas lacrimógeno, a la vez que disparaban balas de goma desde atrás de las vallas, como si estuvieran en una guerra, y detenían a quien encontraban a su paso. Así transcurrió toda la tarde.

Más aún, gendarmes se apostaron en la terraza de un edificio que está frente al Congreso, para desde ahí disparar contra la muchedumbre, aseguró el diputado el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño.

Además, se incorporaron las motocicletas de la policía federal, que recorrían hasta siete u ocho cuadras disparando balas de goma y arrestando a quien se cruzara en su camino, participara o no en la marcha. Los detenidos fueron brutalmente golpeados; tres indigentes corrieron la misma suerte. Varias mujeres fueron arrestadas. Abogados de los sindicatos y de derechos humanos recorrían, la noche de este jueves, comisarías y hospitales. Hay muchos detenidos que al cierre de esta edición no se sabe dónde están.

Y como si algo faltara en este escenario, el juez de turno que quedó a cargo de los detenidos es el antikirchnerista Claudio Bonadío, denunciado esta semana por llevar a prisión a ex funcionarios públicos ilegalmente y amenazar con hacer lo mismo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, también fue un día de furia cuando se quiso votar en la Cámara de Diputados una serie de leyes que también golpeaban a sectores vulnerables y a los trabajadores.

Por la noche, Macri sostuvo una reunión con el jefe de gabinete, Marcos Peña, y con los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Obras Públicas, Rogelio Frigerio, entre otros, para analizar la firma de la reforma previsional vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en el que se contemplaría un bono para los jubilados. Circuló la versión de que el Ejecutivo intentará llevar la polémica iniciativa a la Cámara de Diputados nuevamente el próximo lunes. Lo grave es que a pesar de todo lo que se vio este jueves el gobierno acusa a la oposición de ejercer la violencia y no se hace cargo de nada. Aún en las últimas horas de la noche de este jueves circulaban motocicletas y patrullas policiales en Buenos Aires y aún se sentía el efecto de los gases en las calles marcadas por la represión.

Corte federal de Manhattan permite su traslado a un penal de Florida

En una corte federal de Manhattan, Nueva York, fueron sentenciados ayer Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas (sentados, al centro) por cargos de narcotráficoFoto Ap

Afp, Reuters, Dpa y Sputnik

Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 27

Nueva York.

Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la senadora Cilia Flores, esposa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, fueron sentenciados este jueves a 18 años de prisión por intentar traficar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela, a través de Honduras, en noviembre de 2016.

En una abarrotada sesión, el juez Paul Crotty, de la corte federal de Manhattan, también dictaminó que cada uno deberá pagar una multa de 50 mil dólares y aceptó que ambos fueran encarcelados en el presidio de Coleman, en el estado de Florida.

Estoy muy avergonzado y arrepentido por todo el daño y humillación que esto nos ha causado, declaró Campos Flores, de 31 años, al juez Crotty minutos antes de la sentencia. Flores de Freitas, de 32, rompió en llanto al hablar de su hijo de nueve años y pidió al magistradouna oportunidad.

Campo Flores y Flores de Freitas, apodados por la oposición venezolana como los narcosobrinos, fueron declarados culpables deconspiración para importar cocaína a Estados Unidosyconspiración para manufacturar y distribuir cocaínaen el país. La fiscalía pidió 30 años de cárcel.

La defensa solicitó una década de prisión (pena mínima por los delitos imputados), al describir a los acusados comoestúpidosynovatosque intentaban ganar millones de dólaressin entender nada del narcotráfico.

Al final fueron sentenciados a 216 meses en prisión, de los cuales se les restarán 25, por el tiempo de reclusión en territorio estadunidense desde su arresto.

Ambos convictos viajaron en noviembre de 2015 a Haití en un jet privado para recibir 11 millones de dólares por organizar el envío de un primer cargamento de droga hacia territorio estadunidense. Pero fueron apresados por elementos de la DEA, agencia antidrogas estadunidense, durante una operación encubierta desplegada en Venezuela y Honduras.

Inmediatamente fueron trasladados a Nueva York para someterlos a juicio. Durante el litigio se mostraron videos, fotos y transcripciones de conversaciones extraídos de celulares incautados a los implicados, que revelaron las negociaciones sobre el envío de 800 kilos de cocaína pertenecientes al entonces grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de Venezuela a Honduras con destino final a Estados Unidos, a cambio de 20 millones de dólares.

En noviembre de 2016, tras un juicio de nueve días, un jurado popular declaró culpables de planear toda la trama a los acusados. Desde entonces, Cilia Flores consideró el arresto de sus sobrinos como unsecuestroy señaló que se trataba deuna venganza, mientras Maduro aseguró que la meta de Washington era atacar a su gobierno.

En tanto, Estados Unidos exigió a Venezuela respetar la vida de su connacional Joshua Holt, un mormón detenido en Caracas acusado de conspirar contra el gobierno de Maduro, en un nuevo llamado a suliberación inmediata por motivos humanitarios.

El diario El País, de Madrid, indicó que ex ministros, testaferros y funcionarios del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez Frías (1999-2013) se beneficiaron con más de 2 mil millones de euros en comisiones ilegales tras interferir para que compañías extranjeras consiguieran contratos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). El rotativo citó documentos de la policía de Andorra.

Actualmente el gobierno de Maduro lleva a cabo una ofensiva contra la corrupción en PDVSA que determinó ya la apertura de un proceso judicial contra el ex directivo Rafael Ramírez y el encarcelamiento de Eulogio del Pino y Nelson Martínez, ex titulares del Ministerio de Petróleo y de PDVSA, respectivamente.

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 27

Madrid.

A una semana de las elecciones autonómicas, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) dio un giro inesperado a su estrategia y este jueves, en el Congreso de los Diputados, llamó al gobierno español, encabezado por Mariano Rajoy, a iniciar undiálogo bilateralpara encausar el conflicto. En el planteamiento no menciona ni la independencia ni la vía de la unilateralidad, y se limita a establecer los mecanismos para organizar unreferendo pactadosi prevalece la mayoría en favor de la secesión.

Los comicios anticipados catalanes se llevarán a cabo en un contexto en el que el ex presidente Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) hace campaña desde Bélgica, donde se encuentra refugiado, y el contendiente de ERC, Oriol Junqueras, está en la cárcel acusado de rebelión, sedición y malversación.

Las encuestas confirman que habrá empate técnico entre los dos grandes bloques: independentistas y unionistas o españolistas. El partido que lidera los sondeos desde hace semanas es ERC, que representa a la izquierda moderada del movimiento independentista.

ERC y su anterior aliado en el gobierno, el Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT, nacionalistas conservadores) esta vez decidieron concurrir a los comicios por separado.

Hasta ahora ambos habían insistido en que la única vía para alcanzar la independencia ycumplir con el mandato popularera la unilateralidad, pero ahora se pronuncian por recuperar la negociación como principal herramienta para lograr sus objetivos.

Desde el Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena informó a los cuatro dirigentes independentistas que todavía se encuentran en prisión que no podrán hacer campaña electoral desde la cárcel. Por tanto, Junqueras, el ex consejero del Interior, Joaquim Forn, y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Cruixart y Jordi Sánchez, respectivamente, no podrán dar discursos ni emitir mensajes públicos. En estos días se han comunicado con sus seguidores por medio de cartas o mensajes escritos por sus colaboradores en las redes sociales.

En Bélgica la justicia decidió archivar los pedidos de extradición girados por la justicia española contra Puigdemont y los cuatro ex consejeros que están con él, debido a que el juez Pablo Llarena suspendió las órdenes de entrega internacional, aunque mantiene la orden de detención dentro del Estado español.

La policía española tiene activado desde hace unos días un dispositivo especial en la frontera con Francia por si se diera el caso de que cruzara la frontera de forma clandestina para participar en un mitin político.

Cierra actividades con maratónica rueda de prensa en Moscú a la que asisten mil 640 periodistas

Vladimir Putin, presidente de Rusia, durante la rueda de prensa ayer en Moscú, en la cual contestó preguntas durante 3 horas y 40 minutosFoto Xinhua

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 28

Moscú.

El Rusiagate, que centra la atención en Estados Unidos,es un invento para restar legitimidad al desempeño de Donald Trump (presidente de Estados Unidos), quienno puede cumplir su promesa electoral de mejorar la relación bilateral por las restricciones impuestas, mientrassería provechoso para los pueblos ruso y estadunidense cooperar para solucionar problemas comunes como el terrorismo, el deterioro de la ecología, la proliferación de las armas de destrucción masiva o las crisis en diferentes regiones del mundo, como en Medio Oriente o Corea del Norte.

Es la opinión del presidente Vladimir Putin sobre el escándalo de la presunta injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, que este jueves reiteró en la capital rusa durante la multitudinaria conferencia de prensa que ofrece cada diciembre.

Con esta maratónica sesión de preguntas –la decimotercera desde que despacha en el Kremlin, salvo los cuatro años y medio que se desempeñó de primer ministro–, Putin suele cerrar el calendario político del año.

Esta vez, sin embargo, es prematuro bajar la cortina y habrá todavía noticias antes del tradicional receso de 10 días de asueto oficial por las fiestas de fin de año, como la fecha de inicio de la campaña electoral para las presidenciales de marzo de 2018, que por ley tiene que declarar el Senado no más tarde del 17 de diciembre, o el registro del actual presidente como candidato para un cuarto sexenio al frente de Rusia.

Putin, por fin, hizo saber que se presentará como independiente, ya que ahora no quiere que se le identifique con Rusia Unida, el partido oficialista, aunque cuenta con el apoyo de todos los que comparten su visión sobre el futuro del país.

De ese modo, Putin se distancia de un partido que perdió popularidad por los recientes escándalos de corrupción que involucran a varios de sus miembros más prominentes, a la vez que él pretende promover su imagen como líder nacional por encima de cualquier formación política.

Sin contestar por qué las autoridades ponen todo tipo de obstáculos burocráticos a los aspirantes que se declaran contrarios al Kremlin y niegan el registro a su rival más peligroso, Aleksei Navalny, Putin afirmó estar convencido de que la oposición no tiene ninguna posibilidad de ganar en las urnas al ser incapaz, subrayó, de proponer algo mejor para el país.

Y agregó que el poder (o sea, él) no tiene miedo de nadie, pero tampoco va a permitir que nadie (en alusión a Navalny)que sólo sabe hacer mucho ruido y desestabilizar el país, intente dar un golpe de Estado, perspectiva que está convencido rechaza la inmensa mayoría del pueblo ruso.

En materia de política interna, hubo contadas preguntas incómodas. El mandatario ruso eludió ofrecer respuestas puntuales, mientras el moderador –Dimitri Peskov, vocero del Kremlin– no dudó en salir al quite y agrupar varias preguntas sobre un mismo tema para que Putin respondiera ampliamente las referidas a aspectos positivos y sólo después dedicara, cuando mucho, escasas frases a una mínima parte del desagradable cuestionamiento inicial, como si ya lo hubiera contestado todo.

Durante tres horas y 40 minutos, Putin respondió las preguntas que quiso, casi todas sobre asuntos domésticos, pues la mayoría abrumadora de los mil 640 periodistas presentes representaban a medios locales de todas las regiones de Rusia, interesados en resolver problemas que, sin restarles importancia para sus lugares de origen, distan de formar parte de la agenda federal y mucho menos de la internacional.

Con pleno control de los hilos en la sala, Peskov concedió la primera pregunta a un medio extranjero una hora y 20 minutos después de iniciada la conferencia de prensa.

Igual que en el caso de Estados Unidos, Putin en esencia repitió lo que ya ha dicho en reiteradas ocasiones sobre la crisis nuclear de Corea del Norte y las negociaciones para un arreglo político en el este de Ucrania, dos temas que también interesaron a los periodistas de otros países.

Dpa, Ap, Xinhua y Afp

Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 28

Gaza.

El ejército de Israel atacó tres emplazamientos militares del grupo extremista palestino Hamas en la franja de Gaza, en respuesta al reciente lanzamiento de cohetes desde su territorio.

Los ataques, perpetrados durante la noche del miércoles, alcanzaron instalaciones de entrenamiento y almacenes de armas, explicó el ejército. Fuentes médicas de Gaza señalaron que los bombardeos no dejaron heridos.

En Jerusalén, la policía israelí detuvo a 67 palestinos que participaron en los enfrentamientos con los agentes o atacaron policías tras días de disturbios por el reconocimiento del presidente estadunidense, Donald Trump, a Jerusalén como capital de Israel.

En Gaza, durante el 30 aniversario del grupo Hamas, su líder Ismail Haniyé reiteró el llamado a manifestarse todos los viernes en los países musulmanes y territorios palestinos para protestar contra la decisión del gobierno estadunidense.

Los presidentes de parlamentos árabes se reunieron en Rabat, capital de Marruecos, para discutir la decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada en Israel a Jerusalén.

El presidente de la Unión Interparlamentaria Árabe, Lhabib El Malki, condenó la decisión estadunidense por ser unaviolación flagrantea la ley y legalidad internacionales. La decisión estáaislada política, diplomática y étnicamente, dijo, tras advertir de las consecuencias para la paz y la seguridad de la región.

Turquía anunció que abrirá una embajada en Jerusalén Oriental, después de que los miembros de la Organización para la Cooperación Islámica declararon esta zona de la ciudad como capital de Palestina, señaló el canciller turco, Mevlut Cavusoglu.

El reconocimiento del Estado palestino corresponde a la Organización de las Naciones Unidas. Nos esforzaremos por el reconocimiento de Jerusalén Oriental como capital de Palestina, sostuvo Cavusoglu, citado por el diario turco progubernamental Daily Sabah.

Haremos nuestro más grande esfuerzo hasta que Estados Unidos dé marcha atrás a su decisión sobre Jerusalén, agregó.

Ap

Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 28

Londres. Paul Golding y Jayda Fransen, dirigentes del grupo ultraderechista Britain First (Gran Bretaña Primero), fueron arrestados este jueves acusados de fomentar el odio, por un discurso racista pronunciado el pasado agosto en Belfast durante el acto Irlanda del Norte contra el terrorismo. Su agrupación ganó notoriedad cuando el presidente estadunidense, Donald Trump, retuiteó tres videos de la cuenta de Fransen que mostraban presuntos actos de violencia perpetrados por musulmanes, que fueron rebatidos y por los que Trump recibió críticas tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.

Afp

Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 28

Washington. El representante republicano de Kentucky, Dan Johnson, acusado de abusar de una adolescente en una fiesta de fin de año en 2012, fue hallado muerto de un tiro en la cabeza. Según la prensa local se trató de un suicidio. Johnson publicó un mensaje en Facebook negando las acusaciones reveladas por el Kentucky Center for Investigative Reporting, organización creada por la radio pública de la entidad.

Stella Calloni, corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 26
Buenos Aires.


El Tío Sam reparte sus juguetes en Honduras


Milson Salgado

Rebelión

La bonanza del tío Samta Claus se benefició de la pobreza de Honduras, y en el año de 1870, el gobierno de Estados Unidos compró la deuda que Honduras contrajo con la casas Bischoffsheim y Goldschmidt de Londres y la Casa de Francia Dreyfus, Scheyer y Company para la construcción del ferrocarril nacional del que sólo recibió el 10% del importe total de 20 millones de Francos y 1 millón de libras esterlinas respectivamente ; y el fundador del Partido Nacional, el presidente Manuel Bonilla quien acompañado por los filibusteros Guns Malone y Lee Christmas accedió al poder con una guerra civil apoyada por estos gamberros y vándalos para regalarle a la Vacaro Brother Company, Standart Fruit Company, United Fruit Company y a la Cuyamel Fruit Company las mejores tierras de la costa norte atlántica del país, como parte de la extorsión por subrogación de la deuda que Honduras terminó de pagar hasta en los años 50 del siglo XX, pero a más de 150 años estas tierras que se dieron en concesión por tiempo determinado se mantienen inexplicablemente en su poder bajo otras denominaciones sociales.

El Tio Samta Claus, se llevaba las rentas de la producción de bananos en su saco de regalar juguetes a los niños ricos y complementaba las calorías perdidas, y alejaba las depresiones existenciales de la explotación económica a los obreros de Atlanta, Filadelfia, Washington, Miami, y Boston. Mientras los niños pobres de Honduras se arrellenaban en sus miserias por estar lejos del polo norte, y no tener la fortuna de que cayera nieve blanca.

El Tio Samta Claus ha dominado la escena en Honduras y ha armado a las Fuerzas Armadas hondureñas hasta los dientes para defenderse de un enemigo inexistente en la geo estrategia militar, pero muy visible en los límites de tolerancia de un pueblo que puede tocar fondo, y ha enfermado al cuerpo armado de anticomunismo al punto de beneficiarse de la desaparición de más de 200 ciudadanos en la década de los 80s del siglo recién pasado.

El tío Samta Claus tiene su casa en Tegucigalpa llamada embajada, y sus palabras son imperiosas, y un no cierra bocas y un sí alicienta su amistad efímera que dura como los códigos de barras de los artículos hasta el último resquicio de su utilidad. Usó nuestro territorio para atacar a Arbenz, a la Nicaragua de los Sandinistas, y para entrenar a las tropas asesinas del Salvador que llenaron de sangre y de vergüenza la Comunidad del Mozote en el rio Sumpul.

El Tio Samta Claus después del fantasma de la guerra de guerrillas, nos recetó la democracia representativa pero dio un golpe, y por su base militar en tierra hondureña llevó secuestrado al presidente Manuel Zelaya. Ahora que se acerca la navidad el Tío Samta Claus agradecido por el buen comportamiento de uno de sus mejores niños bonitos, el presidente Juan Orlando Hernández, porque nadie de los demás presidentes se había atrevido a privatizar la Enee, el Sanaa, Hondutel, la UNAH, y concesionado ríos por más de 50 y 100 años, ha llenado de palma africana el Bajo Aguan y ha provocado que los sobrantes de la producción de frijoles y maíz de los granjeros estadounidenses lleguen a nuestros fogones. Los banqueros de Wall Street le apuestan a estos procesos de privatización, y vienen a hacer sus negocios de peajes sobre carreteras que aun paga el pueblo, y en maquilas donde el ser humano es una piltrafa de comer y trabajar.

Por esas razones el tío Samta Claus ha decidido pasarse por la manga de su traje rojo de terciopelo a la democracia representativa, y valiéndole un bledo el voto del pueblo, ha decidido regalarle a su nietecito Juan Orlando Hernández que mendigaba un trozo de poder en la Avenida Pensilvania, y hoy se le han concedido sus deseos de Navidad de obtener un segundo mandato con la bendición de las certificaciones en donde los votos hablan en español pero se cuentan en inglés, y le ha dado el salvoconducto de ver caer la blanca nieve desde las nubes del cielo hondureño en total impunidad.

La paradoja de las clases sociales

La paradoja de las clases sociales


Jorge Majfud

Rebelión

Aunque las sociedades están compuestas de una gran diversidad de grupos y de intereses, todavía podemos abstraer su estructura en su clásica pirámide tripartita. De la historia observamos algunas persistencias críticas que podemos formular así para entender el presente y reflexionar sobre el futuro:

Postulado 1: Mientras las clases alta y baja tienden a ser conservadoras, la clase media es más liberal o progresista.

Postulado 2: La clase media le teme más a la clase baja que a la clase alta.

Corolario: La clase media es más propensa a renunciar en cuotas a sus derechos y beneficios durante un largo período que a arriesgar a perder sus privilegios remanentes en una revuelta abrupta.

Ad Hoc: La motivación de un hecho sociopolítico, intencional o no, debe ser atribuible al grupo que se beneficia de él.


Postulado 1

Este principio ha sido aún más claro durante los últimos siglos de la Era Moderna. Con abrumadora frecuencia, los esclavos, los desposeídos de la tierra, los campesinos y obreros deshumanizados por su pobreza, por su etnia o por su lenguaje, tardaron décadas y generaciones (apenas interrumpidas por algunas revueltas) hasta que fueron mal o bien conducidos por individuos de la clase media, generalmente gente culta o educada (Gandhi, Guevara, Lumumba, Martin Luther King), a romper con un determinado orden. En la era contemporánea, en la Era de las Post revoluciones, sus votantes se inclinaron, con más frecuencia, por los políticos conservadores que por los progresistas o reformadores. Por otra parte, el recurrente “cambio” propuesto por la clase dominante siempre significó status quo o vuelta atrás.

Postulado 2

Entre otros periodos y regiones, este fenómeno se observó durante las dictaduras latinoamericanas a lo largo de más de un siglo. Los pequeños comerciantes, empleados y burócratas toleraron y hasta apoyaron de forma activa o pasiva los regímenes militares hasta el extremo de justificar la violencia estatal como respuesta necesaria a la rebelión o subversión de grupos “radicales”. Quienes no lo hicieron de forma voluntaria fueron suprimidos por el aparato represor. En la Era contemporánea, este factor se expresa en la forma de votar a grupos políticos que le ofrecen a la clase media sacrificio a cambio de estabilidad, beneficios inmediatos para las clases altas a cambio de una promesa de prosperidad general a (muy) largo plazo, generalmente bautizada con los ideoléxicos “responsabilidad” y “seguridad”.

Corolario

La traducción política de esta dinámica es similar a la psicología de los seguros. Los conductores más responsables pagan por los menos responsables; los no fumadores por los costos médicos de los fumadores; los países austeros (pobres) pagan por los excesos del consumismo del primer mundo. Si no existieran los segundos, los primeros pagarían mucho menos en cada póliza, porque los costos de las aseguradoras serían menores.

Hay una diferencia. En el caso político, el miedo de quien compra un antivirus es el negocio de quien lo produce, por lo cual, aplicando el ad hoc mencionado arriba, podemos sospechar que policías y ladrones mantienen una relación simbiótica de “antagónico necesario”.

En otras palabras. La brecha económica y social que separa el uno por ciento del restante 99 por ciento siempre tiende a crecer. Un motivo es la dinámica política y económica: cuanto más capital un grupo tiene, más posibilidades tiene de dominar las narrativas sociales a través de los principales medios de prensa. Cuanto más dominio de la narrativa y poder de donación o financiación de campañas políticas, más acceso tiene al congreso, al gobierno y a otros poderes del Estado de su país. Cuanto más poder político en el congreso y en el gobierno, más leyes que protejan sus propios intereses pueden pasar. Hoy en día, el 66 por ciento de los representantes en el Congreso de Estados Unido son millonarios. Es decir, una minoría con dinero representa los intereses de una mayoría sin dinero. La excusa de que esa minoría debe gobernar porque es exitosa reduce no solo el concepto de éxito a la mera acumulación de dinero, sino que no deja posibilidades de igual poder político a aquellos otros que no están interesados en ser millonarios, pero tampoco en ceder derechos democráticos a una plutocracia.

Ad hoc analítico

En 2017 el gobierno de Estados Unidos acusó al gobierno cubano por un extraño ruido que estaba causando problemas de salud en los funcionarios de la embajada estadounidense en La Habana. Todavía no conocemos las razones del fenómeno, pero la primera pregunta de análisis debe ser: ¿a quién beneficia el incidente? Asumimos que el gobierno de Cuba está interesado en avanzar con los acuerdos realizados con el gobierno estadounidense anterior, para recuperar un poderoso mercado, bloqueado desde los años 60. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en su intención de revertir también este “logro” de su predecesor. La pregunta crítica nos deja mirando hacia un solo lado.

Lo mismo debe considerarse en cualquier acción de “bandera falsa” y con respecto a grandes procesos. Cuando cada vez menos familias (ahora son 60) poseen lo mismo que la mitad más pobre del mundo, cuando en las sociedades observamos que las diferencias económicas van aumentando desde hace décadas, debemos hacer la pregunta inicial: ¿a quién beneficia el sistema económico mundial? ¿A quién benefician las leyes? ¿A quién benefician las nuevas tecnologías? Una respuesta funcional (según la premisa del Postulado 2 y el Corolario) salta automáticamente: “si el mundo fuse de otra forma nos hundiríamos en la catástrofe”. “De otra forma, el 99 por ciento no disfrutaría de los beneficios del progreso que disfruta hoy”. Etc.

Pero veamos que el progreso no se debe al uno por ciento sino al 99 por ciento. En todo caso, “de otra forma” el uno por ciento no disfrutaría de ser los dueños del mundo.

Por otra parte, la aparente estabilidad (olvidémonos de quienes en este mundo feliz pasan hambre, de los que no tienen trabajo y de quienes sí lo tienen y trabajan como esclavos para sobrevivir) es una estabilidad inestable. Excepto las crisis económicas controlables (esas que sirven para que quienes tienen grandes capitales lo multiplican comprando por nada las propiedades y valores de quienes apenas trabajan para sobrevivir) la lógica que sostiene la Paradoja tarde o temprano se rompe en una crisis mayor que no beneficia ni al uno ni al restante 99 por ciento.

Si en ciencias esto se llama, como lo definió T.S. Kuhn, un “Cambio de paradigma”, en términos de sociedad y civilización se llama suicidio colectivo.

¿Una sociedad violenta o violentada?

Roberto Herrera

Dada la complejidad, diversidad, universalidad e interpretación del fenómeno social conocido como violencia, resulta casi imposible encontrar una definición científica con validez general. Tampoco hay una teoría general y una teoría especial de la violencia. Por el contrario, existen muchas teorías que explican la violencia en la sociedad. Por esta razón, los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se limitan a tipificar la violencia en tres categorías, de acuerdo con el autor del acto violento. Violencia personal, violencia interpersonal y violencia colectiva.


Entonces, sí se asume como cierto el carácter universal de la violencia, hay que concluir que no existe sociedad alguna en el mundo que esté exenta de violencia. En algunas hay más suicidios que en otras, y en otras, sobresale la violencia colectiva.

La existencia de la violencia interpersonal y colectiva en la vida cotidiana de la sociedad salvadoreña es un hecho concreto e irrefutable. El Salvador es uno de los países del mundo, después de Honduras, con la tasa de criminalidad más alta. Para entender y comprender el fenómeno de la “violencia salvadoreña” es necesario escarbar en la historia contemporánea de El Salvador. Solamente así, se puede explicar el origen de la guerra revolucionaria o guerra civil de fines del siglo pasado y la genealogía de las bandas criminales. Esto quiere decir, que la violencia en la actualidad no es una consecuencia directa de la guerra civil ni tampoco puede explicarse únicamente con la existencia de las pandillas criminales, conocidas como las maras[1]. Pienso que la causa principal de la violencia colectiva sigue siendo el sistema socioeconómico injusto y excluyente que reina en El Salvador desde la década de los veinte del siglo pasado –para no irnos más lejos en el tiempo–, agravado y polarizado al extremo en los últimos 25 años, eso sí, con el auge y la expansión territorial de las bandas delictivas.

¿Somos los salvadoreños más violentos que el resto de los habitantes del planeta? ¿Somos los primeros en sacar el cuchillo? ¿Existe en “el salvadoreño” una predisposición a la violencia?

En primer lugar, la violencia no es una impronta que se hereda vía ADN. Los matones de barrio, las pandillas juveniles, las bandas criminales, el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia de género existen en todas partes del mundo, incluso en aquellos países en los que supuestamente reina la paz y la concordia.

Definitivamente, no somos un pueblo violento ni por naturaleza ni por aptitud, sino más bien, diría yo, que nuestra sociedad está más condicionada y/o acostumbrada a la violencia interpersonal y colectiva. Es decir, que los salvadoreños hemos aprendido a vivir en un clima de alta tensión y polarización social. De ahí, que una de las características principales de la idiosincrasia salvadoreña, independientemente de la procedencia social y el poder adquisitivo que se tenga, es la de estar en vigilia permanente y siempre alerta al peligro. El “salvadoreño” tiene la fama de ser: abuzado, chispa, águila, avispado, buzo, vivo y trucho[2].

Sí este prejuicio fuera cierto, todas las guanacas y todos los guanacos [3] deberíamos de considerarnos, en cierta medida, una mara [4] de 6 millones de “salvatruchos y salvatruchas”, es decir, una MS-6.106. Afortunadamente eso no es así.

Ahora bien, esto, que a primera vista podría parecer como una cualidad muy meritoria, a la larga se convierte en un factor altamente estresante, el cual afecta en mayor o menor medida la salud mental de la población. Se tenga o no conciencia de esta situación, es inevitable que los grados de afección psíquico emocional aumenten proporcionalmente al número de “medidas de seguridad” que se toman para salir a la calle, independientemente si esta conducta es consciente, intuitiva o instintiva. Esto significa, que el “chequeo y auto chequeo” se han internalizado a tal punto, que éstos forman parte ya de una conducta de vida. Más grave aún, cuando se supone que se está viviendo en un clima que, aunque no es de paz plena tampoco es de guerra y, además, en un marco político de reconciliación social y democracia.

En El Salvador, tanto el rico como el pobre tiene que “estar ojo al Cristo”, es decir muy atento, pues a la vuelta de la esquina puede estar esperándolo La Pelona [5].

¿Es El Salvador una sociedad violenta o violentada?

Creo poder opinar con fundamento al respecto, dado que, como salvadoreño, he vivido y conocido la violencia muy de cerca. Pienso que la única medida preventiva y curativa para erradicar el cáncer de la violencia organizada en el país es generar más cultura, más progreso y más fuentes de trabajo. En definitiva, garantizar el desarrollo integral de todos los ciudadanos.

Desde 1932 –año de la insurrección campesina – hasta la actualidad, los niveles y grados de violencia han ido en aumento constantemente. Es decir, que tenemos 85 años de convivir con la violencia colectiva y con la experiencia de haber vivido una guerra civil, hecho que de por sí, hace más compleja la problemática.

Me he referido en esta nota de manera explícita solo a la violencia colectiva, por ser esta la que con más frecuencia aparece en los medios de comunicación y es la que está detrás de las cifras estadísticas, aunque sé que la violencia interpersonal, sea ésta de género, sexual o familiar también afecta gravemente la salud psíquica de la víctima y su entorno, con el agravante que ésta se lleva a cabo a la sombra y en secreto. Sí bien es cierto que la mayoría de los actos violentos en la sociedad son cometidos por hombres, pienso que es un error “penelizar” los actos de violencia. La violencia, venga de donde venga, hay que denunciarla, juzgarla y penalizarla.

Por último, yo diría que somos más bien una sociedad impregnada de violencia, en la que la muerte por actos violentos, cuando no es la de algún familiar cercano o lejano o la de algún amigo íntimo ya no nos afecta.

Nos hemos habituado a vivir con la muerte, que no es lo mismo que aceptar la muerte.

Notas

[1] Marasalvatrucha(MS-13) y Barrio 18 (M-18)

[2] Adjetivos calificativos: Listo, vivo, alerta, precavido, perspicaz, de ingenio agudo

[3] Guanaco: salvadoreño

[4] Mara: Un grupo de amigos, conocidos o compañeros; conglomerado de gente

[5] La muerte

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Brutalidad en Argentina como no se había visto en décadas


La furia se vive tanto en las calles como en el Congreso que fue sitiado por la Gendarmería

Unos 900 efectivos de la Gendarmería cercaron el Congreso para impedir el arribo de miles de ciudadanos que repudian la nueva ley de pensiones impulsada por el presidente argentino, Mauricio Macri, que había ordenado su aprobación ayer en el Congresosí o sí.Foto Ap

La represión a manifestantes duró más de nueve horasFoto Xinhua

En un día considerado devergüenza nacional, con un Congreso sitiado por fuerzas de seguridad federal desde la noche del miércoles –algo nunca visto en los pasados 34 años en Argentina– y una represión brutal que duró más de nueve horas y dejó decenas de heridos y detenidos, el gobierno del presidente conservador Mauricio Macri fracasó en su intento de sesionar para votar la reforma previsional, después de un duro enfrentamiento dentro del recinto de los diputados, y cuando el oficialismo trataba de continuar sin el quórum necesario, mientras se escuchaban detonaciones ensordecedoras afuera, como si se librara una batalla campal.

En medio de una nube de gases disparados por la Gendarmería, que desplegó a 900 efectivos, el levantamiento de la sesión fue festejado por miles de jubilados, sindicalistas, activistas de derechos humanos y trabajadores, cuya pacífica marcha fue impedida de llegar al Congreso. Celebraron la primera batalla ganada en su lucha para impedir que se afecte a los sectores más vulnerables del país. Sólo hubo respuestas duras a la gendarmería de varios grupos de jóvenes que arrojaron piedras en otro sector del Congreso. La represión fue una de las más feroces de años recientes.

Infierno adentro, infierno afuera, titulaba Crónica TV, mientras el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Emilio Monzó, pasada la media hora reglamentaria dijo que había alcanzado el quórum, lo cual no era cierto; dos diputados opositores eran atendidos en la enfermería del Congreso: Matías Rodríguez, del Frente para la Victoria (FpV), quien se desmayó tras la golpiza que le propinaron los gendarmes al llegar al edificio, y su colega Mayra Mendoza, a quien arrinconaron y rociaron el rostro con gas pimienta.

La diputada Victoria Donda, hija de desaparecidos, fue pateada el miércoles por gendarmes y llegó este jueves en muletas al recinto, gritando a Monzó que no se podía sesionar en esas condiciones, mientras miles de manifestantes eran reprimidos afuera.

Gritos, insultos y hasta un golpe dado por Monzó al diputado Leopoldo Moreau, de Unidad Ciudadana, daba cuenta de la furia que también se vivía en el recinto.

Además, fueron golpeados por los gendarmes los diputados Darío Martínez y Horacio Pietragalla, quien salió a pedir a la Gendarmería que detuviera la represión, y que no se llevaran detenido a un joven indigente.

Pietragalla, también hijo de desaparecidos, fue acorralado, golpeado y le rociaron gas pimienta a sólo centímetros de la cara. El fotógrafo de Página/12 Pablo Pirovano fue alcanzado por 12 impactos de balas de goma, y son más de siete los fotógrafos heridos.

Hoy nos tocó vivir una jornada represiva que nos hizo recordar las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, sostuvieron los organismos de derechos humanos que exigieron al presidente Mauricio Macriel cese inmediato de la represión a los manifestantes que fueron a protestar contra el ajuste previsional, que afectará a 17 millones de personas, más de un tercio de la población. También pidieron la inmediata libertad de todos los detenidos y la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los organismos indicaron, en un comunicado, estar convencidos de que la participación y la movilización popularfrenará estos retrocesos en materia de derechos humanos, y se solidarizaron contodos los manifestantes, trabajadores de prensa y diputados reprimidos.

El jefe de la bancada de Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, repudióel fenomenal operativo de represióndispuesto por el gobierno alrededor del Congreso y denunció que el oficialismo “nunca tuvo quórum” para debatir la reforma previsional, adelantando también que pedirán juicio político contra la ministra Bullrich.

Acusó a la administración Macri de haber generadoen forma permanente, desde diciembre de 2015, cuando asumió el gobierno,una política de violencia institucional, y advirtió que ha tomado ese camino. Es un hecho inaudito en 34 años de democracia, concluyó.

La Confederación General del Trabajo (CGT), varios de cuyos gremios acompañaron la movilización, ante la suspensión de la sesión en la Cámara de Diputados, canceló la convocatoria a un paro nacional fijado para este viernes, aunque advirtió que si elpresidente Macri utiliza un decreto de necesidad y urgencia para imponer esta reforma que afecta gravemente los salarios a los jubilados, se realizará un paro nacional mañana mismo y se creará un programa de lucha.

Los gremios de la CGT denunciaron y repudiaronla militarización del Congresoy pidieron quelos excesos de las fuerzas de seguridad deben pesar sobre la cabeza de la ministra de Seguridad.

Después del final de la sesión en la Cámara de Diputados, centenares de jóvenes siguieron agrupándose para llegar al Congreso, que consideraban comoel lugar donde el pueblo debe expresarseen una acción de valentía y coraje muy similar a lo ocurrido el 20 de diciembre de 2001, cuando al grito deque se vayan todoscayó el gobierno de Fernando de la Rúa, dando paso a la más grave crisis de la historia de Argentina.

Los manifestantes regresaban para permanecer en vigilia pacíficamente delante del Congreso, ante la posibilidad de que el oficialismo intentara sesionar en la noche, en ausencia de la oposición, para sacar –sí o sí, como había ordenado Macri– una ley rechazada por 80 por ciento de la población.

Cada vez que llegaban y se instalaban ante las vallas, cantando o gritando, pero sin ejercer violencia, la gendarmería volvía a salir utilizando los camiones hidrantes, y comenzaba una cacería lanzando gas lacrimógeno, a la vez que disparaban balas de goma desde atrás de las vallas, como si estuvieran en una guerra, y detenían a quien encontraban a su paso. Así transcurrió toda la tarde.

Más aún, gendarmes se apostaron en la terraza de un edificio que está frente al Congreso, para desde ahí disparar contra la muchedumbre, aseguró el diputado el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño.

Además, se incorporaron las motocicletas de la policía federal, que recorrían hasta siete u ocho cuadras disparando balas de goma y arrestando a quien se cruzara en su camino, participara o no en la marcha. Los detenidos fueron brutalmente golpeados; tres indigentes corrieron la misma suerte. Varias mujeres fueron arrestadas. Abogados de los sindicatos y de derechos humanos recorrían, la noche de este jueves, comisarías y hospitales. Hay muchos detenidos que al cierre de esta edición no se sabe dónde están.

Y como si algo faltara en este escenario, el juez de turno que quedó a cargo de los detenidos es el antikirchnerista Claudio Bonadío, denunciado esta semana por llevar a prisión a ex funcionarios públicos ilegalmente y amenazar con hacer lo mismo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, también fue un día de furia cuando se quiso votar en la Cámara de Diputados una serie de leyes que también golpeaban a sectores vulnerables y a los trabajadores.

Por la noche, Macri sostuvo una reunión con el jefe de gabinete, Marcos Peña, y con los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Obras Públicas, Rogelio Frigerio, entre otros, para analizar la firma de la reforma previsional vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en el que se contemplaría un bono para los jubilados. Circuló la versión de que el Ejecutivo intentará llevar la polémica iniciativa a la Cámara de Diputados nuevamente el próximo lunes. Lo grave es que a pesar de todo lo que se vio este jueves el gobierno acusa a la oposición de ejercer la violencia y no se hace cargo de nada. Aún en las últimas horas de la noche de este jueves circulaban motocicletas y patrullas policiales en Buenos Aires y aún se sentía el efecto de los gases en las calles marcadas por la represión.

Corte federal de Manhattan permite su traslado a un penal de Florida

En una corte federal de Manhattan, Nueva York, fueron sentenciados ayer Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas (sentados, al centro) por cargos de narcotráficoFoto Ap

Afp, Reuters, Dpa y Sputnik

Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 27

Nueva York.

Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la senadora Cilia Flores, esposa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, fueron sentenciados este jueves a 18 años de prisión por intentar traficar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela, a través de Honduras, en noviembre de 2016.

En una abarrotada sesión, el juez Paul Crotty, de la corte federal de Manhattan, también dictaminó que cada uno deberá pagar una multa de 50 mil dólares y aceptó que ambos fueran encarcelados en el presidio de Coleman, en el estado de Florida.

Estoy muy avergonzado y arrepentido por todo el daño y humillación que esto nos ha causado, declaró Campos Flores, de 31 años, al juez Crotty minutos antes de la sentencia. Flores de Freitas, de 32, rompió en llanto al hablar de su hijo de nueve años y pidió al magistradouna oportunidad.

Campo Flores y Flores de Freitas, apodados por la oposición venezolana como los narcosobrinos, fueron declarados culpables deconspiración para importar cocaína a Estados Unidosyconspiración para manufacturar y distribuir cocaínaen el país. La fiscalía pidió 30 años de cárcel.

La defensa solicitó una década de prisión (pena mínima por los delitos imputados), al describir a los acusados comoestúpidosynovatosque intentaban ganar millones de dólaressin entender nada del narcotráfico.

Al final fueron sentenciados a 216 meses en prisión, de los cuales se les restarán 25, por el tiempo de reclusión en territorio estadunidense desde su arresto.

Ambos convictos viajaron en noviembre de 2015 a Haití en un jet privado para recibir 11 millones de dólares por organizar el envío de un primer cargamento de droga hacia territorio estadunidense. Pero fueron apresados por elementos de la DEA, agencia antidrogas estadunidense, durante una operación encubierta desplegada en Venezuela y Honduras.

Inmediatamente fueron trasladados a Nueva York para someterlos a juicio. Durante el litigio se mostraron videos, fotos y transcripciones de conversaciones extraídos de celulares incautados a los implicados, que revelaron las negociaciones sobre el envío de 800 kilos de cocaína pertenecientes al entonces grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de Venezuela a Honduras con destino final a Estados Unidos, a cambio de 20 millones de dólares.

En noviembre de 2016, tras un juicio de nueve días, un jurado popular declaró culpables de planear toda la trama a los acusados. Desde entonces, Cilia Flores consideró el arresto de sus sobrinos como unsecuestroy señaló que se trataba deuna venganza, mientras Maduro aseguró que la meta de Washington era atacar a su gobierno.

En tanto, Estados Unidos exigió a Venezuela respetar la vida de su connacional Joshua Holt, un mormón detenido en Caracas acusado de conspirar contra el gobierno de Maduro, en un nuevo llamado a suliberación inmediata por motivos humanitarios.

El diario El País, de Madrid, indicó que ex ministros, testaferros y funcionarios del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez Frías (1999-2013) se beneficiaron con más de 2 mil millones de euros en comisiones ilegales tras interferir para que compañías extranjeras consiguieran contratos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). El rotativo citó documentos de la policía de Andorra.

Actualmente el gobierno de Maduro lleva a cabo una ofensiva contra la corrupción en PDVSA que determinó ya la apertura de un proceso judicial contra el ex directivo Rafael Ramírez y el encarcelamiento de Eulogio del Pino y Nelson Martínez, ex titulares del Ministerio de Petróleo y de PDVSA, respectivamente.

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 27

Madrid.

A una semana de las elecciones autonómicas, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) dio un giro inesperado a su estrategia y este jueves, en el Congreso de los Diputados, llamó al gobierno español, encabezado por Mariano Rajoy, a iniciar undiálogo bilateralpara encausar el conflicto. En el planteamiento no menciona ni la independencia ni la vía de la unilateralidad, y se limita a establecer los mecanismos para organizar unreferendo pactadosi prevalece la mayoría en favor de la secesión.

Los comicios anticipados catalanes se llevarán a cabo en un contexto en el que el ex presidente Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) hace campaña desde Bélgica, donde se encuentra refugiado, y el contendiente de ERC, Oriol Junqueras, está en la cárcel acusado de rebelión, sedición y malversación.

Las encuestas confirman que habrá empate técnico entre los dos grandes bloques: independentistas y unionistas o españolistas. El partido que lidera los sondeos desde hace semanas es ERC, que representa a la izquierda moderada del movimiento independentista.

ERC y su anterior aliado en el gobierno, el Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT, nacionalistas conservadores) esta vez decidieron concurrir a los comicios por separado.

Hasta ahora ambos habían insistido en que la única vía para alcanzar la independencia ycumplir con el mandato popularera la unilateralidad, pero ahora se pronuncian por recuperar la negociación como principal herramienta para lograr sus objetivos.

Desde el Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena informó a los cuatro dirigentes independentistas que todavía se encuentran en prisión que no podrán hacer campaña electoral desde la cárcel. Por tanto, Junqueras, el ex consejero del Interior, Joaquim Forn, y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Cruixart y Jordi Sánchez, respectivamente, no podrán dar discursos ni emitir mensajes públicos. En estos días se han comunicado con sus seguidores por medio de cartas o mensajes escritos por sus colaboradores en las redes sociales.

En Bélgica la justicia decidió archivar los pedidos de extradición girados por la justicia española contra Puigdemont y los cuatro ex consejeros que están con él, debido a que el juez Pablo Llarena suspendió las órdenes de entrega internacional, aunque mantiene la orden de detención dentro del Estado español.

La policía española tiene activado desde hace unos días un dispositivo especial en la frontera con Francia por si se diera el caso de que cruzara la frontera de forma clandestina para participar en un mitin político.

Cierra actividades con maratónica rueda de prensa en Moscú a la que asisten mil 640 periodistas

Vladimir Putin, presidente de Rusia, durante la rueda de prensa ayer en Moscú, en la cual contestó preguntas durante 3 horas y 40 minutosFoto Xinhua

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 28

Moscú.

El Rusiagate, que centra la atención en Estados Unidos,es un invento para restar legitimidad al desempeño de Donald Trump (presidente de Estados Unidos), quienno puede cumplir su promesa electoral de mejorar la relación bilateral por las restricciones impuestas, mientrassería provechoso para los pueblos ruso y estadunidense cooperar para solucionar problemas comunes como el terrorismo, el deterioro de la ecología, la proliferación de las armas de destrucción masiva o las crisis en diferentes regiones del mundo, como en Medio Oriente o Corea del Norte.

Es la opinión del presidente Vladimir Putin sobre el escándalo de la presunta injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, que este jueves reiteró en la capital rusa durante la multitudinaria conferencia de prensa que ofrece cada diciembre.

Con esta maratónica sesión de preguntas –la decimotercera desde que despacha en el Kremlin, salvo los cuatro años y medio que se desempeñó de primer ministro–, Putin suele cerrar el calendario político del año.

Esta vez, sin embargo, es prematuro bajar la cortina y habrá todavía noticias antes del tradicional receso de 10 días de asueto oficial por las fiestas de fin de año, como la fecha de inicio de la campaña electoral para las presidenciales de marzo de 2018, que por ley tiene que declarar el Senado no más tarde del 17 de diciembre, o el registro del actual presidente como candidato para un cuarto sexenio al frente de Rusia.

Putin, por fin, hizo saber que se presentará como independiente, ya que ahora no quiere que se le identifique con Rusia Unida, el partido oficialista, aunque cuenta con el apoyo de todos los que comparten su visión sobre el futuro del país.

De ese modo, Putin se distancia de un partido que perdió popularidad por los recientes escándalos de corrupción que involucran a varios de sus miembros más prominentes, a la vez que él pretende promover su imagen como líder nacional por encima de cualquier formación política.

Sin contestar por qué las autoridades ponen todo tipo de obstáculos burocráticos a los aspirantes que se declaran contrarios al Kremlin y niegan el registro a su rival más peligroso, Aleksei Navalny, Putin afirmó estar convencido de que la oposición no tiene ninguna posibilidad de ganar en las urnas al ser incapaz, subrayó, de proponer algo mejor para el país.

Y agregó que el poder (o sea, él) no tiene miedo de nadie, pero tampoco va a permitir que nadie (en alusión a Navalny)que sólo sabe hacer mucho ruido y desestabilizar el país, intente dar un golpe de Estado, perspectiva que está convencido rechaza la inmensa mayoría del pueblo ruso.

En materia de política interna, hubo contadas preguntas incómodas. El mandatario ruso eludió ofrecer respuestas puntuales, mientras el moderador –Dimitri Peskov, vocero del Kremlin– no dudó en salir al quite y agrupar varias preguntas sobre un mismo tema para que Putin respondiera ampliamente las referidas a aspectos positivos y sólo después dedicara, cuando mucho, escasas frases a una mínima parte del desagradable cuestionamiento inicial, como si ya lo hubiera contestado todo.

Durante tres horas y 40 minutos, Putin respondió las preguntas que quiso, casi todas sobre asuntos domésticos, pues la mayoría abrumadora de los mil 640 periodistas presentes representaban a medios locales de todas las regiones de Rusia, interesados en resolver problemas que, sin restarles importancia para sus lugares de origen, distan de formar parte de la agenda federal y mucho menos de la internacional.

Con pleno control de los hilos en la sala, Peskov concedió la primera pregunta a un medio extranjero una hora y 20 minutos después de iniciada la conferencia de prensa.

Igual que en el caso de Estados Unidos, Putin en esencia repitió lo que ya ha dicho en reiteradas ocasiones sobre la crisis nuclear de Corea del Norte y las negociaciones para un arreglo político en el este de Ucrania, dos temas que también interesaron a los periodistas de otros países.

Dpa, Ap, Xinhua y Afp

Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 28

Gaza.

El ejército de Israel atacó tres emplazamientos militares del grupo extremista palestino Hamas en la franja de Gaza, en respuesta al reciente lanzamiento de cohetes desde su territorio.

Los ataques, perpetrados durante la noche del miércoles, alcanzaron instalaciones de entrenamiento y almacenes de armas, explicó el ejército. Fuentes médicas de Gaza señalaron que los bombardeos no dejaron heridos.

En Jerusalén, la policía israelí detuvo a 67 palestinos que participaron en los enfrentamientos con los agentes o atacaron policías tras días de disturbios por el reconocimiento del presidente estadunidense, Donald Trump, a Jerusalén como capital de Israel.

En Gaza, durante el 30 aniversario del grupo Hamas, su líder Ismail Haniyé reiteró el llamado a manifestarse todos los viernes en los países musulmanes y territorios palestinos para protestar contra la decisión del gobierno estadunidense.

Los presidentes de parlamentos árabes se reunieron en Rabat, capital de Marruecos, para discutir la decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada en Israel a Jerusalén.

El presidente de la Unión Interparlamentaria Árabe, Lhabib El Malki, condenó la decisión estadunidense por ser unaviolación flagrantea la ley y legalidad internacionales. La decisión estáaislada política, diplomática y étnicamente, dijo, tras advertir de las consecuencias para la paz y la seguridad de la región.

Turquía anunció que abrirá una embajada en Jerusalén Oriental, después de que los miembros de la Organización para la Cooperación Islámica declararon esta zona de la ciudad como capital de Palestina, señaló el canciller turco, Mevlut Cavusoglu.

El reconocimiento del Estado palestino corresponde a la Organización de las Naciones Unidas. Nos esforzaremos por el reconocimiento de Jerusalén Oriental como capital de Palestina, sostuvo Cavusoglu, citado por el diario turco progubernamental Daily Sabah.

Haremos nuestro más grande esfuerzo hasta que Estados Unidos dé marcha atrás a su decisión sobre Jerusalén, agregó.

Ap

Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 28

Londres. Paul Golding y Jayda Fransen, dirigentes del grupo ultraderechista Britain First (Gran Bretaña Primero), fueron arrestados este jueves acusados de fomentar el odio, por un discurso racista pronunciado el pasado agosto en Belfast durante el acto Irlanda del Norte contra el terrorismo. Su agrupación ganó notoriedad cuando el presidente estadunidense, Donald Trump, retuiteó tres videos de la cuenta de Fransen que mostraban presuntos actos de violencia perpetrados por musulmanes, que fueron rebatidos y por los que Trump recibió críticas tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.

Afp

Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 28

Washington. El representante republicano de Kentucky, Dan Johnson, acusado de abusar de una adolescente en una fiesta de fin de año en 2012, fue hallado muerto de un tiro en la cabeza. Según la prensa local se trató de un suicidio. Johnson publicó un mensaje en Facebook negando las acusaciones reveladas por el Kentucky Center for Investigative Reporting, organización creada por la radio pública de la entidad.

Stella Calloni, corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 26
Buenos Aires.


jueves, 14 de diciembre de 2017

Por la unidad en defensa de la integración de Nuestra América

ALBA-TCP



Patricio Montesinos
Rebelión

En momentos en que Estados Unidos y la derecha internacional se empeñan a fondo en truncar la independencia de la Patria Grande, es indispensable hoy más que nunca que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) fortalezca su unidad en defensa de la soberanía y la integración de la región. 

Con ese propósito, La Habana será sede este 14 de diciembre del XVI Consejo Político de esa organización autóctona, fundada en 2004 por los líderes históricos de las revoluciones cubana, Fidel Castro, y bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. 

Fueron precisamente Fidel y Chávez quienes trazaron las metas, expusieron las ideas y señalaron el camino para la defensa de la Patria Grande, blanco actualmente de continuas agresiones de Washington y sus secuaces de la oligarquía regional y mundial. 

Frente a la arremetida de quienes persisten en restaurar el neoliberalismo y de facto el dominio estadounidense, es impostergable que desde el sur del Río Bravo hasta la Patagonia se luche y defienda la unidad, y prevalezcan el respeto y las relaciones de amistad y cooperación, como establece la Proclama de la América Latina y el Caribe como Zona de Paz. 

Es vital dejar de un lado todo aquello que divide y separa a las naciones y nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, y que el imperio del Norte exacerba intencionalmente para conseguir imponer su hegemonía. 

Solo con la unidad, la solidaridad y conservando la paz se podrá construir una genuina integración hemisférica, y hacer realidad los sueños y los propósitos por los que batallaron Simón Bolívar, José Martí y tantos otros próceres de la América Nuestra. 

Por esos mismos anhelos lucharon Fidel y Chávez, y por ello hicieron realidad el ALBA-TCP, que está llamado como nunca antes a fortificarse en medio de las agresiones imperiales, y de la amenaza que representa el régimen norteamericano del presidente Donald Trump. 

Los gobiernos revolucionarios y progresistas, junto a las fuerzas políticas de izquierda, los movimientos populares, las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, académicas y los intelectuales de los pueblos de la región de seguro seguirán en pie de lucha por la verdadera integración de Nuestra América.

Los derechos humanos como obligación del Estado y límite a la Junta de Control Fiscal

Ponencia presentada en la Asamblea General Núm 177, del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el 16 de septiembre de 2017

Saludo y Agradecimientos:


Agradezco inmensamente la oportunidad que me dan en esta mañana de compartir con ustedes unos pensamientos. Les agradezco más porque me permiten compartir este espacio de conversación con uno de los hombres que más admiro y respeto, por su valentía, su resistencia, su compromiso con nuestra patria y con las aspiraciones más nobles de nuestro pueblo. Así que si me lo permiten, aprovecho también la oportunidad, para desde aquí expresarle a él mi agradecimiento. Oscar, no hay nada que pueda devolverte lo que has hecho y sacrificado por este pueblo. Gracias.

Gracias también a nuestro Presidente, Alejandro Torres, y a la Junta de Gobierno, a sus miembras y miembros, y a todas las compañeras y compañeros colegiadas que están presentes en nuestra asamblea en el día de hoy.

Les confieso lo siguiente antes de comenzar. Cuando recibí la llamada de la compañera Carol Sosa, hace algo más de un mes, para informarme que la Junta de Gobierno había decidido extenderme una invitación para ser oradora junto con Oscar en nuestra Asamblea, la verdad es que no la entendí. Pensé que me llamaban para ayudar a identificar a alguna persona que por su experiencia pudiera dirigirse a nosotras y nosotras hoy. Enseguida ella aclaró que me llamaba porque querían que yo fuera oradora, junto a Oscar Lopez Rivera. Entonces, me comenzaron a temblar las rodillas, y no han parado de moverse de forma descontrolada desde entonces. Carol notó mi inquietud a través del auricular, y luego de un silencio tenso, me dijo, “Annette, queremos que hables tú, hacen falta mujeres que nos representen en este espacio, y creemos que tienes la experiencia y el valor necesario para hacerlo”. No tuvo que decir más.

Así que con gran humildad y respeto, me dirijo a ustedes, sabiendo que muchas de ustedes, mis compañeras abogadas, activistas y defensoras de derechos humanos, tienen también mucho que decir y muy pocos foros donde ser escuchadas. La experiencia, tenacidad, y el valor nos sobran. Espero poderlas representar bien.

Tiempo de derrumbamiento y perplejidad; tiempo de grandes dudas y certezas chiquitas. Pero quizá no sea tan chiquita esta certeza: cuando nacen desde adentro, cuando crecen desde abajo, los grandes procesos de cambio no terminan en su lado jodido.”

A pesar de los pesares, Eduardo Galeano

De acuerdo con el economista puertorriqueño, Dr. José Caraballo Cueto, en Puerto Rico estamos viviendo una gran depresión, en sus palabras esta es “LA gran depresión de Puerto Rico, porque es la depresión económica más larga y profunda que hayamos vivido en nuestra historia. Esta gran depresión, comienza en el 2006, y desde entonces como sabemos, no hemos sacado los pies del plato.

En medio de este contexto, es que me toca dirigirme a ustedes hoy, y hay tres puntos que me parecen cruciales y punto de partida para encarar el problema de la crisis en Puerto Rico, o al menos comenzar la conversación.

Primero, que aunque nuestra crisis no es nueva, ni diferente a la que se atraviesa en otros países, ya en este punto, no debe quedarle duda a nadie, que nuestra relación colonial nos ha puesto en una situación que limita grandemente el abanico de alternativas; y aún habiendo otras opciones, el Congreso de Estados Unidos ya se encargó de imponernos como única opción, pagar la deuda, aunque eso conlleve el estrangulamiento total de nuestros recursos.


Segundo, que nuestra crisis no es tanto nuestra como de Estados Unidos, y en ese sentido los efectos de las decisiones que se han tomado por el gobierno federal y por sus administraciones locales de gobierno, implican una responsabilidad internacional, y esta responsabilidad es primaria y única de Estados Unidos, porque es quien ejerce poderes soberanos sobre nuestro territorio.


En tercer lugar, que la narrativa de la crisis económica ha servido como subterfugio para el adelanto acelerado de una agenda claramente neoliberal que socava las protecciones de los derechos más básicos de nuestra población. Es decir, la crisis económica es una oportunidad perfecta para privatizar, a la disminuir servicios públicos, reducir derechos y protecciones laborales, entre otras.


Así que en mi ponencia pretendo establecer las bases para un reclamo colectivo, moral, ético a la existencia digna en este territorio que es nuestro país. Este reclamo tiene base en el derecho humano a la vida, que hoy se entiende como un derecho múltiple, que exige la presencia de condiciones básicas para una vida segura, productiva, y participativa en la comunidad. Esas condiciones ya no existen en Puerto Rico, y las políticas fiscales propuestas no están planteadas con esa necesidad como objetivo.

Por el contrario, la crisis económica se ha planteado en Puerto Rico como una calle sin salida, donde la solución única es pagar la deuda, sin más, y extender la implementación de políticas neoliberales dirigidas a generar condiciones que aunque empobrecen más a nuestra gente, dan paso libre y rápido al libre mercado.

Curiosamente, políticas similares ya se han propuesto e implementado, apoyadas por Estados Unidos en otros países. Un examen rápido de la historia nos tiene que hacer recordar a Chile y su tiempo de dictadura militar, cuando al mando de los “Chicago Boys” se implementa la doctrina del shock, y se quedaron con los recursos naturales y con todos los servicios públicos de Chile. Pero, no es el único lugar, Estados Unidos también ha implementado esta política en su propio territorio. Lo vimos por ejemplo en New Orleans, como justificación para atender la emergencia causada por el huracán Katrina. Esta fórmula, que utiliza las llamadas “emergencias” o “crisis” para adelantar cambios sumamente rápidos al andamiaje económico y social, resultó en la eliminación de ayudas de asistencia social, de servicios públicos, y la privatización de bienes, escuelas y hospitales, entre otros. Todo esto a una velocidad de rayo, mientras la población afectada está todavía tratando de entender lo que está pasando. Esta es la llamada doctrina del Shock (que explica muy bien la escritora Naomi Klein), “Shock Doctrine”, que definitivamente se está tratando de implementar, o lleva rato ya implementándose en Puerto Rico.

En Puerto Rico no ha sido diferente, bajo la Ley PROMESA, se le entregó a la Junta, por razón de una “crisis”, la facultad unilateral de tomar decisiones que afectan los derechos y servicios esenciales de nuestra gente. Esto se ha hecho además, mediante una ley que prácticamente no puede ser cuestionada, y solamente ante un juez federal. Nos han dejado sin ninguna salida, y la pregunta entonces es, qué debemos hacer, qué pensamos hacer, qué tenemos que hacer.

En mi opinión y a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, la Ley PROMESA y todas las acciones que se derivan de ella son inválidas. Son inválidas como tan inválida es nuestra relación colonial. Y así mismo también son inválidas las acciones de las administraciones coloniales de nuestro territorio que se han encargado de agenciarse el dinero del erario público para beneficio privado. Estas políticas no se sostienen, estas leyes no se sostienen, no pasan un examen de derecho internacional de derechos humanos porque laceran el derecho a una vida digna en Puerto Rico.

El reclamo a una vida digna, es precisamente el que ha mantenido en pie la lucha a miles de poblaciones marginadas alrededor del mundo, cuando el derecho no parecía favorecer sus reclamos. Por ejemplo, (y lo menciono, porque son casos que conozco y en los que de alguna manera trabajé), lo vimos en los casos de los pueblos indígenas de nuestro continente, en Paraguay y en Ecuador, cuando, con una lucha feroz en contra de fuerzas militares y de empresas privadas que explotaban sus territorios, sin ningún tipo de consideración para ellos, sus niños, sus niñas, su cultura y sus espacios ancestrales, se han tenido que levantar y exigir su reclamo a una tierra que les pertenece. Y ese reclamo lo han hecho a través del derecho a la vida, (un derecho que está incluido en la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que es de obligado cumplimiento para Estados Unidos).

Ellos lograron establecer un desarrollo significativo sobre el derecho a la vida, para que no sea sólo un derecho a la vida, sino un derecho a la vida con dignidad. Los pueblos indígenas reclamaron lo que a nivel internacional no estaba claro, pero que para ellos sí, desde el principio, que la vida no es vida sin dignidad, y que la vida no es vida sin discriminación y sin participación en las decisiones que nos afectan.

Así, en esos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que “[u]na de las obligaciones ineludibles del Estado […] con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana”, y eso según la Corte Interamericana incluye derecho a una debida alimentación, el acceso al agua limpia, a la educación, a los servicios de salud, al uso y disfrute de los recursos naturales, y en especial, el asegurar que estén libres de contaminación. De acuerdo con la Corte Interamericana, todas estas obligaciones forman parte del derecho de todo ser humano a una vida digna.

En los casos en los que tuve la oportunidad de representar a víctimas de [violaciones de] derechos humanos, yo tengo muchísimos recuerdos muy vivos de experiencias terribles vividas en el Cono Sur y en espacios muy cercanos a nosotros en el Caribe, donde hay gente a la que se les ha negado la existencia misma, mediante un concepto que se llama la apatridia. Gente que nace, pero que el Estado se niega a reconocerles su existencia mediante el no registro de ellos al nacer. Este tipo de casos desgarradores que me tocó representar, tuvieron un impacto muy fuerte en mí. Pero, ellos me enseñaron, ellos, las víctimas de estos casos, que la dignidad de cada persona vale más que cualquier estatuto o norma legal, que la dignidad, amigas y amigos, siempre, siempre va por encima del derecho, el derecho no va por encima de la dignidad. Cuando en derecho no se puede hacer más, entonces la fuerza de la necesidad nos tiene que mover a la resistencia.

Ya hemos visto cómo las graves violaciones de derechos humanos tienen una característica común y es siempre la total indiferencia del Estado. Total indiferencia al sufrimiento de las personas afectadas. Indiferencia, falta de apatía, y falta de reconocimiento de responsabilidad por el dolor causado, y ese es casi siempre el elemento principal que sostiene y permite la continuación de violaciones a los derechos humanos. La ley nunca es justa cuando sirve o facilita la violación constante de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Cuando eso ocurre estamos ante una gran contradicción que nos exige denunciar la ilegitimidad de tales acciones.

Por eso, cada vez que yo escucho la frase, que se repite mucho en Puerto Rico, de que “somos un país de ley y orden” (hay gente que le gusta mucho esa frase), no puedo evitar sino sentir por lo menos un poquito de dolor de estómago. Porque aquí cada vez que se cuestiona una acción de protesta o de manifestación pública, se habla de “ley y orden” y hay hasta quien hace alusiones apocalípticas de Puerto Rico, “cómo nos van a ver en el mundo”, yo lo he escuchado y sé que ustedes también.

Pero el punto aquí es que la ley es maleable y ha respondido históricamente a los intereses políticos de aquellos que ostentan el poder, e incluso responde a grupos mucho más pequeños que dominan el espacio económico, y siembran sus influencias por medio de la corrupción. En Puerto Rico, poco a poco se han ido modificando las reglas del juego a través de leyes y reglamentos, que siguen favoreciendo cada vez más a los grupos con mayor poder adquisitivo a expensas del resto de la población. Y ése, según Joseph Stiglitz, un economista muy reconocido y premio nobel de economía, es a nivel mundial, el elemento principal que sostiene las grandes desigualdades en Puerto Rico.1

El que hace la ley hace la trampa, así nos han enseñado los propios miembros de la la Junta de Control Fiscal. Esa Junta de Control Fiscal que incluye a puertorriqueños, personas con las manos embarradas en la deuda, con un serio conflicto de interés, ya que jugaron un rol principal en orquestrar el negocio redondo de la deuda de Puerto Rico, facilitando la emisión de bonos que no le sirvieron y no le sirven a los intereses de nuestro país, jugando a pitcher y cátcher entre el Banco Gubernamental de Fomento y el Banco Santander. Y ahora, luego de haber ya generado grandes ganancias, se sientan en la Junta con un discurso de austeridad.

Nuestra legislatura también se presta para el juego de la Junta de Control Fiscal. Mediante legislación, no sólo se modifican términos para favorecer y acrecentar las ganancias de los ricos, sino que al resto nos quitan lo poco que tenemos. La ley y el poder que otorga a algunos grupos, también se usa por otro lado, como punta de lanza para perseguir a los que cuestionan, para acallar a la disidencia, para amenazarla, y en muchos modos aniquilarla como ha sido históricamente en nuestra país. La idea es hacer que sus espacios sean cada vez más pequeños, y que su mensaje no llegue al espacio público.

Los ejemplos más claros los tenemos demasiado cerca en el tiempo. Por un lado, la aprobación de las enmiendas al Código Penal, aumentando penas y creando delitos que criminalizan acciones que de otro modo se entienden protegidas por la libertad de expresión y de asociación. Por otro, la aprobación de legislación que disfrazada de protección ambiental, abre espacios para la contaminación en Peñuelas y en otros municipios. Estas legislaciones, vistas en su conjunto, responden claramente a una agenda de represión, dirigida a coartar nuestros derechos más básicos. En nombre de la ley, también están realizando detenciones arbitrarias, con uso excesivo de la fuerza, en contra de manifestantes, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, que se han lanzado a la calle a protestar contra UBS, contra la Junta de Control Fiscal, contra AES y sus cenizas. Gente valiente, que a pesar de todo lo que arriesgan, no se detienen, y no se detienen porque saben que ya nos han robado todo y lo que nos queda vale oro, nos queda la dignidad.

Pero Estados Unidos, su Junta y la administración local, siguen respondiendo con más represión, de hecho las medidas que nos endilgan en su plan fiscal no pueden describirse de otra forma, porque son en sí mismas violentas. Violentan nuestra autonomía, violentan nuestra libertad, violentan nuestro derecho al desarrollo y a la seguridad social.

No nos equivoquemos, contrario a lo que quieren hacer pensar algunos legisladores de nuestra colonia, usar un disfraz, una capucha, un pañuelo, como le quieran llamar, sigue siendo un ejercicio genuino de la libertad de expresión y del derecho a protestar, no es un acto de violencia. Lo que sí es violento es que te quiten tu casa y te tiren a la calle porque estás atrasado en el pago de luz. Lo que es violento, es que a causa entonces de no tener ese techo que te quitaron, te quieran separar de tus hijos. Lo que es violento es que te suban los impuestos sobre un 12%, después te quiten el trabajo y encima te eliminen las ayudas de asistencia nutricional, porque según alguna gente, aquí todo el mundo vive del mantengo. El cierre masivo de escuelas, la reducción de jornada, los recortes a los servicios de salud, la privatización de lo que nos queda para terminar de pagarles a los buitres y que sigan haciendo fiesta de nosotros, eso compañeras y compañeros, eso sí es Violencia.

Ante esta situación, hay que pensar en lo que como gremio, como Colegio, como puertorriqueños y puertorriqueñas comprometidas con nuestra patria y nuestra gente nos toca hacer, qué vamos a hacer, esa es la pregunta. En momentos de quiebre, en una coyuntura como la nuestra, se presenta también la oportunidad de generar cambios profundos. Esos cambios pueden ser muy negativos si no asumimos postura y exigimos una transformación positiva de nuestra realidad económica, política y social. Estos cambios, en una coyuntura como la que estamos viviendo, no se van a dar de gratis, hay que salir a buscarlos.

El reclamo a una vida digna en Puerto Rico, no puede estar limitado a entablar demandas en los tribunales locales o federales, pero sí hay que educar a nuestros jueces y a nuestras juezas, a nuestros abogados y nuestras abogadas, a que se atrevan a presentar argumentos nuevos, argumentos basados en el derecho a la dignidad de los pueblos. Pero sabemos que esos tribunales están limitados también por nuestra relación colonial. Enfrentamos leyes injustas en un sistema limitado. PROMESA por ejemplo, impone claras cortapisas a cualquier cuestionamiento sobre las acciones de la Junta.

Sugiero en su lugar, que desarrollemos una agenda de trabajo, con estrategias de acción local e internacional. En primer lugar, reforzando nuestro trabajo de acompañamiento en las denuncias y movilizaciones, como ya hemos estado haciendo, con organizaciones comunitarias que llevan décadas haciéndolo, y redirigir recursos para un trabajo más coordinado, junto con ellas, en materia de derechos humanos. Este plan de trabajo puede incluir por ejemplo, acciones de incidencia, programas de educación en derechos humanos y el desarrollo de mecanismos de protección para nuestros defensores y nuestras defensoras. La realidad que estamos viviendo es que los líderes y lideresas de nuestras organizaciones comunitarias, que hacen un trabajo de activismo por derechos humanos reciben amenazas a causa de su trabajo, y se exponen a campañas de odio, persecución y agresión. Las mujeres sobre todo, cuando son perseguidas, se enfrentan a formas muy particulares de violencia, y eso también tiene que ser atendido por nuestro Colegio.

El Colegio, puede desarrollar instrumentos para medir, por ejemplo, el nivel de riesgo, y coordinar acciones individuales y colectivas de protección.

En segundo lugar, coordinar un plan de trabajo frente a instituciones internacionales de protección de los derechos humanos, esto incluye tanto el Sistema de la Organización de Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre este trabajo de incidencia internacional, ya varias organizaciones -incluyendo a nuestro Colegio-, hemos iniciado acciones conjuntas frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2015 y el 2016 logramos la celebración de dos audiencias públicas sobre derechos humanos en Puerto Rico y el impacto de las medidas de austeridad. También hemos presentado un caso, una denuncia en contra de Estados Unidos, por la contaminación ambiental en la isla municipio de Vieques y hemos logrado que el Experto de Naciones Unidas sobre Deuda Pública y Derechos Humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, hiciera la única declaración que se ha hecho exclusivamente sobre el tema de Puerto Rico en derechos humanos, que no sea fuera del Comité de Descolonización. Eso es un paso de avance. El Relator ademéas ha pedido ya en varias ocasiones a Estados Unidos que le permita venir a Puerto Rico a hacer una visita oficial sobre la deuda y su impacto. Aparte de eso, el Experto de Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, ya tiene una visita oficial para hacer un “fact-finding mission” en Estados Unidos, y nosotros le hemos solicitado que como parte de esa visita, venga para acá.

Como éstas, hay muchas otras acciones que nuestro Colegio puede apoyar tanto a nivel local como internacional. Por nuestra situación colonial, por mucho tiempo nos han hecho creer que no pertenecemos a la comunidad internacional, que allí no tenemos nada que buscar. Pero eso ya no se sostiene, Puerto Rico tiene que insertarse en la discusión internacional con el fin específico de exigir la protección de nuestros derechos más básicos, y que definitivamente se respete nuestro derecho a la auto-determinación.

Eso es importante mucho más ahora, que Estados Unidos, y sus tres ramas de gobierno han aceptado que nunca dejamos de ser una colonia, y con eso a mi me parece, que nos han regresado, sino expresamente, de forma tácita, a la lista de países no autónomos, sobre los cuales la Organización de Naciones Unidas ha establecido claras obligaciones. Estados Unidos tiene un deber de fiducia con Puerto Rico, es su obligación y la tenemos que reclamar.

Por último, tenemos que hacerle frente al discurso de la deuda pública y denunciar por todos los medios necesarios la invalidez de esa deuda y de las políticas impuestas por nuestro gobierno y la Junta de Control Fiscal. La aprobación de PROMESA y del Plan Fiscal aprobado por la Junta solo está recrudeciendo aún más nuestra contracción económica. Por eso no se espera una reducción significativa en los niveles de pobreza ni en la cantidad de personas que están saliendo de nuestra isla. O sea, nos están obligando o a vivir todos bajo niveles de pobreza en nuestro país o a salir de este territorio.

La Junta, mediante un discurso de falsa moral, exige que las obligaciones contractuales se cumplan, casi sin importar los efectos que pueda tener el pago, a raja tabla nos quieren endilgar la deuda pública. Y debemos preguntarnos, ¿qué de las obligaciones que debe el Estado su gente? ¿Por qué se plantea la reducción de servicios públicos, de jornada laboral y otros, y no se discute la eliminación significativa de una deuda, que como dije, no es tanto nuestra como de Estados Unidos? Tampoco hay espacio para discutir qué ha pasado con la deuda que debe Estados Unidos a Puerto Rico, porque el uso de nuestros recursos y de nuestro territorio, y en específico, por decir un caso, la explotación y el uso de los terrenos contaminados por la Marina de Guerra en Vieques, nunca nos la han pagado. Y esa deuda, ¿quién la paga?

Como sabemos, Puerto Rico no es el único país que enfrenta un problema serio de deuda pública, de hecho, debido al problema mundial que causó el aumento vertiginoso en deudas públicas en el 2011 se desarrollaron los principios generales sobre deuda y derechos humanos. Allí se establece que los Estados tienen que garantizar la protección de derechos humanos en el contexto de deuda pública y señala que se prohíbe el pago de las deudas excesivascuando éstas impidan cumplir la obligación primaria de proteger los derechos humanos.2

Y , sobre la discusión reciente sobre la definición de “servicios públicos esenciales” que está en la ley PROMESA, no, no le toca ni a la Junta ni al gobierno de Puerto Rico definir lo que es un “servicio esencial”. El derecho internacional establece claramente que los servicios públicos esenciales son aquellos destinados a proteger los derechos humanos básicos de la población, y esto incluye, (entre otros) la educación, el agua, la vivienda segura, todos los servicios públicos necesarios para una convivencia sana y el desarrollo humano sostenible. Ninguno de estos servicios puede sufrir recortes con el fin de destinarlos al servicio de la deuda, porque sin estos se haría imposible mantener condiciones necesarias para la protección de los derechos humanos [afectando de forma particular a las personas que ya viven en niveles de pobreza y que pertenecen a grupos históricamente discriminados].

Por eso, nuestro Colegio debe exigir que en el manejo de la deuda se observen los Principios de las Naciones Unidas sobre Deuda Externa y Derechos Humanos. Esto exige: (1) que la deuda se audite [se cae de la mata]; (2) que ante el hecho de que esta deuda es una deuda ilegal por nuestra relación colonial, se debe proseguir a la eliminación, sino toda, de gran parte de ella3; (3) que se imponga responsabilidad a las corporaciones y entidades que, conociendo la situación de insolvencia de Puerto Rico, igualmente extendieron préstamos con intereses sumamente altos e imposibles de pagar; (4) que Estados Unidos responda por haber impuesto en Puerto Rico condiciones que la empujaron a su insolvencia económica; (5) cualquier negociación de la deuda no puede incluir condiciones o medidas que hagan desaparecer los derechos que ya adquirimos con tanto sufrimiento, o que reduzcan y eliminen los derechos económicos, sociales y culturales de la población; (6) los principios generales requieren que los procesos de desarrollo económico estén dirigidos por personas a quienes el pueblo les haya delegado de forma legitima y soberana esa función.

Nosotros, sin embargo, nunca hemos tenido efectivo control sobre las decisiones económicas de nuestro país, y ahora con la Junta, mucho menos. Esto, no es solo una violación derivada del derecho a la auto-determinación, sino que es también una violación independiente del derecho inalienable de los pueblos de implementar un plan de desarrollo, libre de interferencias de interferencia e influencia de otros países e incluso de instituciones financieras.

Por eso señores y señoras, nuestros estudiantes siempre han tenido la razón, la educación pública es un derecho humano fundamental, y la educación universitaria es un servicio esencial. Sin ellos no podemos hablar de condiciones para el desarrollo pleno de nuestros derechos humanos y tampoco podemos hablar de tener una vida digna en nuestro país. Nuestros estudiantes, esos que no se callan, que aguantaron en los portones, cuestionando al sistema, resistiendo aún en situaciones de amenaza y persecución, han sabido desde el principio que cuando se habla de recortes, los cañones se enfilan siempre hacia la educación, hacia la educación pública gratuita y accesible, y a la educación universitaria. Las acciones de los estudiantes y de las organizaciones que les acompañaron y que se siguen resistiendo a la aceptación de PROMESA, son ejemplo de lo que no podemos dejar de hacer.

Conclusión

En Puerto Rico, como en muchos países, los cambios y avances en materia de derechos humanos han sido lentos, y se logran luego de que la gente, desde sus espacios, se coordina, se moviliza en acciones resistencia y denuncia, al tiempo que educan e informan y con ello hacen contrapeso a la fuerza voraz del Estado. Es hora de que una vez más hagamos valer los derechos de nuestro pueblo, de nuestra gente más dolida, los que han sentido el azote del hambre voraz del capital, que se come todo a su paso, sin importar a quién. Es hora de que los abogados y abogadas, nos atrevamos a cuestionar la validez moral de las leyes y regulaciones que permiten que los bancos y las industrias multinacionales se sigan enriqueciendo a costa de la salud y la vida de nuestra gente.

Este llamado no es ajeno a la historia de nuestro Colegio, que en sus 177 años ha servido de apoyo a la exigencia del respeto a los derechos de las poblaciones en riesgo, haciéndose presente en todas las luchas sociales de nuestro país. Así, como ha sido siempre el compromiso de este Colegio, hoy necesitamos redoblar esfuerzos en pro de la defensa de los derechos humanos, de los derechos más básicos de nuestra población, en la defensa de nuestra dignidad. Precisamente, tenemos ante nosotros hoy una resolución que les invito que aprobemos, donde se establece y se reafirma el compromiso de nuestro Colegio con los derechos humanos y nos da herramientas para comenzar un trabajo coordinado en esa dirección. Esta resolución es un primer paso y espero que reciba nuestro total respaldo.

Estamos ante una situación, realmente bien difícil, nadie lo duda. Por eso viene a la mente un texto de Eduardo Galeano, que dice: “[es] tiempo de derrumbamiento y perplejidad; tiempo de grandes dudas y certezas chiquitas […] pero quizá no sea tan chiquita esta certeza: cuando nacen desde adentro, cuando crecen desde abajo, los grandes procesos de cambio no terminan en su lado jodido.”

El camino hacia la emancipación lo señala la dignidad. El techo antes que la deuda, la salud antes que la deuda, la educación antes que la deuda, el trabajo digno antes que la deuda. Que siga la lucha por una vida en dignidad. Que siga la lucha por Puerto Rico, por nuestra gente, que siempre es gente, antes que la deuda.

Muchas gracias.