Por: Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos
01 de agosto de 2008.- Por más de seis años, desde 1997 hasta alrededor del 4 de Febrero de 2004, Chiquita Brands International, mediante su filial en Colombia Banadex S.A., efectuó pagos mensuales a la estructura paramilitar en las zonas de Urabá y Santa Marta, lo cual significó más de 100 pagos por más de $1.7 millones de dólares. Chiquita Brands empezó a realizar estos pagos después de una reunión en 1997 entre el entonces jefe paramilitar Carlos Castaño y el director general de Banadex y fueron transferido en parte a tráves de la Convivir Papagayo [2].
Cabe recordar que el Secretario de Estado de EEUU designó a la estructura paramilitar las AUC como una organización terrorista extranjera el 10 de septiembre de 2001, por lo cual se convirtió en un delito bajo el derecho estadounidense concientemente suministrar apoyo y recursos materiales a dicha organización [3]. Esta financiación, que convierte a Chiquita Brands en uno de los fundadores de las AUC, impulsó la masiva comisón de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos cometidas por organizaciones paramilitares en estas dos regiones, incluyendo desplazamiento forzado, homicidios, tortura, desapariciones forzadas, entre otros crímenes [4].
Dentro de este contexto, el 5 de noviembre de 2001 se desembarcaron e se introdujeron al territorio nacional tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de cartuchos calibre 5,62 mm, para los mismos, arsenal transportado en el barco Otterloo. Este desembarco se produjo en el puerto de Zungo, específicamente en los patios de la empresa Banadex S.A., lugar de donde partieron las armas en catorce camiones con destino a las organizaciones paramilitares de Córdoba y Urabá.
El entonces jefe paramilitar Carlos Castaño admitió públicamente que este hecho se consistía en “su mejor gol” [5]. La mayoría de estas armas nunca fueron entregados como parte del proceso de desmovilización paramilitar realizado entre 2003 y 2006. El 16 de enero de 2008 la continuación de estos crímenes patrocinados e impulsados por Chiquita Brands quedó al descubierto cuando la policía nacional incautó a la organización paramilitar del “desmovilizado” Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, hermano mayor del ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, 47 fusiles AK-47 que al parecer provenían del mismo barco Otterloo [6].
Además de estar sustentado tanto en los sistemas judiciales de Colombia y Estado Unidos, esta relación entre Chiquita Brands International y la estructura paramilitar en Colombia -y por ende la responsabilidad de esta empresa en la comisión de múltiples crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos- ha sido corroborado durante el último año por diferentes jefes paramilitares como Salvatore Mancuso Gómez, alias Santander Lozada, Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Nodier Giraldo Giraldo, alias el Cabezón o Jota, y Éver Veloza García, alias HH [7]
El 17 de septiembre de 2007 Chiquita Brands International se declaró culpable del delito de “involucrarse en transacciones con terroristas globales especialmente designados” ante el Juzgado del Distrito de Columbia (EEUU) y fue condenado a pagar 25 millones de dólares al respectivo Departamento de Justicia. Según el memorando de condena del Gobierno, la Corte determinó que los pagos de Chiquita a organizaciones paramilitares fueron “revisados y aprobados por altos ejecutivos de la corporación, incluyendo oficiales, directores y empleados de alto rango”. Asimismo, la Corte consideró que a más tardar de septiembre de 2000 los directivos principales de Chiquita fueron informados que “la empresa efectuaba pagos a las AUC y que las AUC eran una organización paramilitar violenta dirigida por Carlos Castaño”.
Además, un abogado de Chiquita realizó una investigación sobre los pagos en agosto de 2000 y elaboró un informe, lo cual dejó en claro que “la Convivir fue una mera fachada para las AUC y describió las AUC como una ‘organización paramilitar ilegal ampliamente conocida’”. Por último, este abogado interno “presentó los resultados de su investigación al Comité de Auditoría de la Junta Directiva durante una reunión en la sede del acusado Chiquita en Cincinnati [EEUU] en septiembre 2000” [8]. A cambio de esta aceptación de responsabilidad, la Corte decidió no proseguir con cargos penales o individualizar las responsabilidades de los directivos implicados, lo cual también abrió las puertas para el avance de los procesos penales en Colombia y la eventual extradición de los responables.
A raíz de todo eso, desde hace más de un año, diferentes altos funcionarios y políticos de Colombia y Estados Unidos han declarado reiteradamente ........
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