Conde afirmó que su país recibió "sin sorpresas" el fallo de la CIDH, pronunciado el pasado jueves, el cual obliga a dejar sin efecto la citada legislación y lo condena por responsabilidad en la desaparición forzada de personas.
"En estos días se anuncia que el Parlamento podría eliminar esa norma. Si así fuera, estaríamos dando cumplimiento total a la sentencia de la Corte", estimó.
La CIDH dio su veredicto en relación con el caso de la joven argentina María Claudia García de Gelman, secuestrada en estado de gestación en Buenos Aires en 1976, trasladada a Uruguay y desaparecida aquí tras haber dado a luz a una niña.
El pronunciamiento exige a Uruguay indemnizar a la familia de la muchacha, en especial a su hija, Macarena, nacida en cautiverio, privada de su identidad y apropiada por los secuestradores de su madre, que la entregaron en adopción.
Macarena fue recuperada muchos años después por su familia biológica, entre ellos su abuelo, el poeta y escritor argentino Juan Gelman.
"En este caso corresponderá a las víctimas una reparación especial, de acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana", indicó Conde.
En diciembre de 1986, tras la caída del gobierno de facto, el Parlamento aprobó la citada legislación con los votos de los diputados de los conservadores partidos Nacional y Colorado, y la oposición del ahora gobernante Frente Amplio.
La disposición impide procesar y condenar a militares y policías responsables de secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, ocultamiento de cadáveres y otros crímenes durante el régimen dictatorial (1973-1985).
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