Por JE-Cordero-Vi
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26 marzo de 2011
Bogotá
El pasado jueves 17 de marzo de 2011 el ministro de Minas y Energía de Colombia anunció que la minera canadiense GREYSTAR retiró su solicitud para extraer oro a cielo abierto en el páramo de Santurbán, complejo montañoso a 3200 metros sobre el nivel del mar, de donde 22 poblaciones y cerca de 1,5 millones de habitantes toman el agua para sus acueductos.
Según el ministro Carlos Rodado Noriega, la decisión fue motivada porque en su reciente visita a Canadá, él le manifestó a la empresa que la ley colombiana prohíbe este tipo de actividad en zona de páramos. Agregó el funcionario: “La política minera del gobierno actual es categórica en el sentido de que la riqueza minera del país sólo se puede convertir en prosperidad para todos los colombianos, si las actividades se realizan no sólo respetando la normatividad ambiental, sino utilizando las mejores prácticas de minería sustentable, internacionalmente reconocidas”.
De inmediato la noticia recorrió los medios periodísticos y ambientalistas como una nube de festejo porque fueron muchos meses de esfuerzos organizativos y comunicativos para que la población santandereana (oriente del país) despertara contra la amenaza a la calidad y cantidad de sus fuentes de agua.
El balance deja satisfacciones en el plano de la información y la movilización de las comunidades, pero no hay que sembrar el optimismo ingenuo respecto a la política del actual gobierno ni sobreestimar la capacidad de reacción que mostró la sociedad afectada.
El ministro Rodado Noriega estuvo en Toronto la semana anterior a su declaración en la Conferencia Anual de la Asociación de Exploradores y Explotadores Mineros, PDAC por sus siglas en inglés, donde los países necesitados de inversión se esfuerzan por resultar atractivos para los mega capitales canadienses, norteamericanos, chinos y australianos, líderes en este sector. ¿Quién logra llevarse más inversión? Quien ofrezca menos trabas legales en lo ambiental, en lo tributario, en lo laboral y presente menos riesgos en seguridad.
En lo tributario, el ministro se esforzó por disipar las preocupaciones de las empresas que no aceptan el pequeño aumento en Colombia del impuesto al patrimonio y el haber quitado algunas deducciones tributarias. Para subir el ánimo dijo que el gobierno está analizando cómo reduce la tasa de impuesto a la renta, de manera que compense y deje a las empresas en una mejor circunstancia.
Fíjense cómo funciona el mundo al revés: el poder público, representativo de 40 millones de habitantes, debe “disculparse” por ejercer su soberanía fiscal ante el poder privado de un puñado de inversionistas que monopolizan la industria minera. Y aparte de eso le promete “mejores circunstancias” en el futuro próximo. ¿A quién le promete eso? A compañías que ganan en un año más que todas las empresas colombianas juntas y que pueden comprar sin mucho esfuerzo el producto interno bruto anual del país.
Además, le dice eso a la gran minería, acusada mundialmente por la emisión de gases de efecto invernadero, contaminación del agua, desforestación, desplazamiento forzado y desplazamiento ecológico. ¿Todo por el desarrollo? Sí, si entendemos por desarrollo el enriquecimiento de unas cuantas corporaciones multinacionales y grupos financieros nativos, pues en las regiones mineras colombianas el paso de la minería deja una huella de corrupción, violencia, daño a la naturaleza, enfermedad, nula inversión social y empobrecimiento.
Además, los ingresos que genera esta industria en Colombia son flor de un día, alcanzan solamente para financiar con impuestos los gastos a corto plazo de un gobierno y las regalías del 3,2% son de bajo impacto, como su porcentaje lo indica: por cada 100 dólares de producción de un proyecto el país recibe $5.760 pesos.
Y el actual gobierno está decidido a embestir con su “loco” motora minera el país entero, según lo evidencian los millones de hectáreas que están solicitadas para la minería y que el gobierno se apresta a licenciar. En la historia sólo se niega el 3% y no precisamente por impacto ambiental.
Si vertimos las “bondades” de la minería en un análisis sistémico integral con proyección en el tiempo, el resultado final dice que estamos asumiendo costos impagables por muchas generaciones futuras. Por ejemplo, ¿quién puede valorar en dólares la construcción de millones de años de un ecosistema que incluye agua, formaciones geológicas, cientos de especies de flora y fauna muchas aún desconocidas, inextricables regímenes de lluvias y vientos?
Además, ¿quién puede ponerle precio a algo que está interconectado con el ecosistema planetario? Sólo la falsa economía ambiental y la arrogancia ingenieril, que ha demostrado su fracaso rotundo con miles de accidentes lamentables, cree poder calcular lo que implica un ecosistema para el conjunto natural a lo largo y ancho del globo terráqueo.
Hechas las cuentas, las frases ambientalistas de este gobierno son posturas políticas. Es tanta su obsecuencia frente al capital minero, que maniobró en Canadá –no es difícil suponerlo- para que la GREYSTAR retirara la solicitud y sumar así dos puntos: para el gobierno, no aparecer ante el escenario inversionista como uno que pone “trabas ambientales”; para la GREYSTAR, no escribir en su hoja de vida que le fue negada una solicitud por riesgos ambientales.
Por si alguien no lo sabe esa compañía lleva alrededor de 15 años en Colombia sacando oro por el sistema de túneles en el páramo de Santurbán y actualmente prepara otros proyectos bajo el lema, como el de todas en el mundo, de minería sustentable y responsable. El mismo lema del ministro y del gobierno colombiano.
¿Qué significa ese lema? Que la ingeniería y sus economistas –temeraria e irresponsablemente- lo tienen todo calculado, hasta los impactos sociales. Léase bien: sociales. Y eso que lo social frente a lo ecosistémico es miles de veces más simple…
Bajo el lema “sustentable y responsable” se ocasionó el derrame petrolero en el Golfo de México en meses recientes. Y si comenzamos a recordar, no terminaremos de leer este artículo. Para más señas otro dato: un estudio de la Asociación de Exploradores y Desarrollistas del Canadá, contratado por el Centro de Estudios para el Desarrollo y los Conflictos por los Recursos, publicado por la veeduría Minning Watch, arroja cifras contundentes sobre el liderazgo -32%- en irresponsabilidad empresarial de las empresas canadienses en América Latina.
Y para terminar de aprobar “a como diera lugar” el examen que las compañías hicieron al ministro en Canadá, éste mintió para maquillar el tema de seguridad, al decir que “el rápido rescate de 22 trabajadores de la empresa canadiense TALISMAN en días pasados, es un tributo a la profesionalidad del ejército y policía colombianos”.
Como bien sabemos por boca de los mismos trabajadores, no hubo tal rescate sino que la guerrilla los liberó sin presión alguna del ejército, que arribó a la zona mucho más tarde. Además, los trabajadores narraron cómo se los llevaron mientras los soldados destacados para su protección departían juegos de mesa en inmediaciones de los mismos campamentos de la empresa.
Dicho todo lo anterior, concluimos que el actual gobierno colombiano no es garante de los intereses naturales de Colombia, cuando los pone en peligro a cambio de metas minúsculas como las de su plan de desarrollo; cuando los traiciona para “generar confianza inversionista”, sinónimo de facilitación y alianza con el apetito que la gran minería trasnacional tiene por nuestros recursos.
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