2012-02-19-abpnoticias-Jesús Dávila -(NCM) –Los tribunales, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, y otros foros de justicia, se presentan inamovibles ante los reclamos de diversos sectores en este país caribeño, donde las encuestas reflejan una creciente desafección a la institucionalidad política y se multiplican los focos de resistencia pero sin que se vea todavía tumulto social alguno en el horizonte.
El golpe de marullos que intenta conmover el peñón del sistema de justicia, sin embargo, no amaina en el ambiente de borrasca que se sigue montando en esta nación isleña y el episodio más reciente es el de un destacado autonomista que ha incoado un recurso para exigir que los tribunales resuelvan de una vez y por todas si Puerto Rico es o no jurídicamente una colonia de los EEUU.
La acción busca paralizar la consulta plebiscitaria convocada para noviembre en la cual el propio partido autonomista pedirá un voto a favor de la cláusula que renovaría el consentimiento a la condición colonial, lo cual libraría a Washington de embarazosas presiones diplomáticas por parte de América Latina. Pero a tono con la tendencia que va prevaleciendo de obviar los datos que no sostengan los discursos políticos, el llamado de la oficialidad autonomista es a que lo que diga el texto de la papeleta no debe importarle a los electores sino que deben ver en su voto un rechazo al gobierno anexionista sin mayores consecuencias.
El caso se presenta en momentos en que –según la encuesta Stanford Klapper publicada por el periódico El Vocero- el favor a la independencia se ha duplicado y ha crecido meteóricamente el respaldo por la república asociada mientras el apoyo a que Puerto Rico pase a formar parte de EEUU como estado llega sólo al 41 por ciento.
Sin embargo, en el ambiente proliferan los reveses para los que intentan la canalización de las quejas en el sistema de justicia. En uno de los casos más comentados, el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston determinó que la Armada de EEUU goza de “inmunidad soberana”, por lo que no tendrá que responder por los daños catastróficos a la salud de los pobladores de Vieques debido a los decenios que esa isla puertorriqueña fue sometida a bombardeos navales.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Puerto Rico determinó que aunque la falsificación de estadísticas sobre el crimen es un hecho, como lo denunció en reportajes investigativos el periódico El Nuevo Día, no se puede procesar a los funcionarios involucrados porque no hay delito tipificado para eso. Así las cosas, el Gobierno afirmó que alterar informes oficiales del Estado para difundir información fraudulenta no constituye fraude mientras no sea por afán de lucro individual.
Pero uno de los casos más insólitos fue el del tribunal de primera instancia, que esta semana desestimó y ordenó el archivo del caso que desde 2011 tenía incoado el movimiento estudiantil y su coalición de la comunidad universitaria para conocer los inventarios de bienes muebles e inmuebles de herencias sin herederos que constituyen el tesoro de la Universidad de Puerto Rico acumulado durante más de un siglo.
“Analizada la moción dispositiva presentada por el Estado, así como el correspondiente escrito de oposición que presentaran los demandantes, este tribunal concluye que procede dictar sentencia sumaria a favor (del Gobierno)”, dice la resolución final emitida por una juez del Centro Judicial de San Juan, donde se desarrolló la batalla legal desde el verano pasado.
La decisión judicial tiene el efecto de que el Estado no tenga que informar qué ha hecho con el Tesoro de la UPR y consigna que los demandantes no demostraron conocer específicamente cómo el Estado archiva los documentos, por lo cual el gobierno no tiene que dar acceso a la información solicitada. Al cierre de esta noticia los estudiantes y sus aliados –profesores, administrativos, obreros, egresados y padres- no habían anunciado si intentarán algún recurso en los foros apelativos o alguna otra estrategia para obtener la información hasta ahora secreta.
La resolución final omite que los estudiantes y sus aliados, a través de su abogado Luis Pabón Rojas, le presentaron al tribunal documentos bancarios en los que se consigna que las propiedades susceptibles de venta de la universidad del Estado podrían ser embargadas y hasta la certificación oficial en que la propia oficina de la propiedad de la UPR garantiza tener todos y cada uno de los documentos solicitados en la demanda.
La determinación judicial adversa se produce cuando ya han comenzado los preparativos para la próxima asamblea del movimiento estudiantil, que organiza el Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la UPR.
El otro caso, presentado por el ex senador Eudaldo Báez Galib, plantea que se pretende obligar a los electores a votar por respaldo o rechazo a la colonia –que en nomenclatura federal de EEUU se define “territorio”- a pesar de que esa condición alega fue superada en 1952 con el establecimiento del régimen autonómico. Báez Galib insiste en que debe ser el tribunal el que defina claramente cuál es la condición jurídica de Puerto Rico, lo que ya deja vislumbrar que en los próximos meses el pleito estará tocando a las puertas del Tribunal Supremo de EEUU.
El recurso plantea además toda una serie de alegados defectos constitucionales de la ley del plebiscito que tendrían el efecto de privar a los ciudadanos de sus derechos electorales, dar paso a la confusión sobre lo que se pregunta a los votantes y hasta permitir el doble voto.
No sería esa ley, sin embargo, lo único confuso en Puerto Rico durante esta temporada. Al comentar los resultados de la encuesta Stanford Klapper, el politólogo anexionista Luis Dávila Colón dijo que el panorama que se retrata es de contradicciones.
De hecho, de la encuesta se desprende que a pesar de mantenerse alto el nivel de aprecio a la ciudadanía estadounidense, los dos partidos pro EEUU están en franco proceso de implosión, empates con apenas 33 por ciento del electorado cada uno. En cambio, el pequeño aunque influyente Partido Independentista Puertorriqueño permanece intocado por esa tendencia de deterioro y crece el sector de electores no afiliados.
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