17 de diciembre de 2012, 11:55Por Javier Rodríguez *
 Asunción
(PL) Curuguaty significa en el idioma guaraní "lugar del curuguá", en
alusión a una planta abundantemente encontrada en esa región; es una
localidad situada a 240 kilómetros de Asunción y forma parte del
departamento de Canindeyú.
Zona agrícola por excelencia se define como propietaria de una rica
flora y fauna, rodeada por las serranías del Mbaracayú, con una altura
media de 400 metros sobre el nivel del mar y una zona donde confluyen
importantes ríos, a la vez afluentes del navegable río Paraguay.
Sin embargo, la historia reciente del país convirtió a Curuguaty en
algo todavía más trascendente, en una verdadera herida abierta en el
corazón de la nación, tanto por los sucesos ocurridos en el lugar en
junio pasado, como por las derivaciones que ellos tuvieron.
Para hablar de lo que representaron y siguen representando esos hechos
en la realidad paraguaya de hoy, debe comenzarse por explicar como su
origen el gravísimo problema de la tenencia de la tierra, tantas veces
tratado pero nunca resuelto.
Es un país donde el 85 por ciento
de los terrenos cultivables está en manos de menos del dos por ciento
de los propietarios rurales existentes, con la avasalladora presencia
de voraces latifundistas, de grandes agroexportadores que controlan una
producción agrícola limitada a varios rubros y de empresas de
ciudadanos extranjeros.
No habría mucho más que decir para
comprender la presencia de algunas familias campesinas sin tierra,
parte de las 300 mil señaladas como existentes en el país viviendo en
condiciones infrahumanas, en zonas del enorme latifundio existente en
Marina Cué, Curuguaty.
Para los grandes propietarios de muchos
miles de hectáreas, para jueces y fiscales a veces acusados de estar al
servicio de esos poderosos intereses económicos, y para el propio
gobierno, la calificación genérica de estos casos es la de invasión de
la muy sagrada propiedad privada y de violación de las leyes del país.
Esas fueron las razones esgrimidas por abogados, fiscales y jueces para
ordenar el desalojo hasta por la fuerza, de los ocupantes de apenas una
pequeña parte de las miles de hectáreas acumuladas en forma muy dudosa
por el empresario Blas Riquelme, expresidente del Partido Colorado
quien apoyó, incluso, a la dictadura de 35 años de Alfredo Stroessner.
Si se admite la versión oficial, los campesinos recibieron a tiros a
los centenares de policías que acudieron a realizar el desalojo y,
lógicamente, superaban ampliamente en número, armamento y preparación a
los labriegos allí asentados.
La conocida como masacre de
Curuguaty terminó el 15 de junio pasado con la muerte de 11 campesinos
y seis policías, el encarcelamiento de numerosos rurales y el dictado
de orden de detención a más de 40, quienes huyeron del lugar alegando
peligro para sus vidas.
Casi inmediatamente, los partidos
políticos tradicionales, con su mayoría congresional, lograron derivar
la responsabilidad de lo sucedido hacia el gobierno del presidente
Fernando Lugo y lo destituyeron en forma expedita en unas 30 horas,
mediante el juicio político convocado, sin tomar en cuenta
recomendaciones de los cancilleres de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), presentes en Asunción.
Precisamente esa
concertación política de partidos anteriormente enfrentados y las
diferentes versiones que fueron apareciendo por parte de las
organizaciones sociales, especialmente campesinas e indígenas, y hasta
del gobernador del departamento de San Pedro, José Ledezma, militante
del partido de gobierno, provocaron la interrogante hoy repetida
continuamente: ¿Qué pasó en Curuguaty?
En busca de esa
respuesta, más allá de las posiciones respectivas de las organizaciones
políticas del país, se conformó la comisión investigadora
independiente, encabezada por el jurista español Aifor Martínez y
respaldada por abogados y personalidades locales.
Testimonios
de primera mano recogió la comisión de los campesinos presentes durante
el desalojo así como de policías, funcionarios, familiares de las
víctimas, empleados hospitalarios, y acumuló fotos y filmaciones
tomadas durante el tiroteo.
La acumulación de elementos permitió a los integrantes del grupo definir algunos aspectos trascendentes:
a)
La posición de los francotiradores desconocidos, provistos de armas
automáticas nunca manejadas por los labriegos, y la convicción de que
fueron esos elementos quienes desencadenaron el choque armado al
disparar y matar al dirigente de los campesinos y al jefe de
operaciones de la policía mientras negociaban.
b) La existencia
en manos de campesinos apenas de escopetas de caza y otras armas
rudimentarias, por lo que fue imposible pudieran resistir al embate de
las fuerzas policíacas.
c) La posibilidad latente de
ejecuciones extrajudiciales de algunos labriegos, una vez iniciada la
entrada con fuerza de la policía en el lugar.
d) La negativa de
auxilio a campesinos heridos, demostrada en filmaciones, e incluso la
detención y encarcelamiento de un menor herido sin atención médica
alguna.
Con el objetivo de colaborar a un verdadero
esclarecimiento de los hechos, la comisión entregó a la Fiscalía
General los resultados de su encuesta pero sin una atención
satisfactoria.
El reclamo sobre lo verdaderamente sucedido en
Curuguaty se convirtió en una constante de tal amplitud que, durante el
acto oficial por el Día Internacional de los Derechos Humanos, la
representación de la ONU en Paraguay reclamó al presidente Federico
Franco una urgente aclaración de aquellos sucesos.
La respuesta
la dio el fiscal de la causa, Jalil Rachid, apenas unos días después
acusando oficialmente y enviando a juicio a 14 campesinos como únicos
responsables de la masacre, aunque debió reconocer que no era posible
saber si habían dado muerte a alguno de los policías.
Este
nuevo escenario planteado por la Fiscalía difícilmente podrá impedir
que, en las manifestaciones públicas en las plazas, en las
demostraciones de las organizaciones sociales y en los actos de los
partidos políticos siga presente la misma interrogante con tintes de
acusación permanente: ¿Qué pasó en Curuguaty?
*Corresponsal de Prensa Latina en Paraguay. |
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