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sábado, 27 de abril de 2013

Nueva actitud de EE.UU ante impunidad salvadoreña

Congresista McGovern: Amnistía creó una cultura de impunidad y violencia
Por Gerardo Arbaiza
SAN SALVADOR – En más de dos mil millones de dólares se calcula la ayuda militar que brindó el gobierno de Estados Unidos, principalmente bajo la administración del republicano Ronald Reagan (1981–1989) al Ejecutivo salvadoreño durante el conflicto armado que sostuvo contra la ex guerrilla del FMLN.
El objetivo era claro: detener el avance de lo que consideraron la “amenaza comunista” en el continente, a través del apoyo en armamento y en estrategia militar al gobierno salvadoreño, que para finales de los años 70 y principios de los 80, contaba con una argolla militar casi omnipotente, acusada de reprimir con lujo de brutalidad a cualquiera que consideraban un “subversivo”.
A más de 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz, proceso que tuvo a EE.UU como uno de sus patrocinadores, la Unión Americana a través de sus instituciones llama “violadores de derechos humanos” a algunos de los más importantes oficiales del gobierno salvadoreño, quienes buscaron refugio en suelo estadounidense después del conflicto.
Casos como el del ex ministro de Defensa José Guillermo García o el ex vice titular de dicha cartera, Inocente Montano, los cuales tienen como trasfondo el delito de fraude migratorio; han servido a las autoridades estadounidenses para desentrañar el pasado de crímenes de lesa humanidad en que están implicados ambos ex oficiales.
Al mismo tiempo, sectores políticos e intelectuales de EE.UU han hecho hincapié en la creciente impunidad que asola al país y señalan como un factor importante para este mal la existencia de una Ley de Amnistía, que ha dejado sin juzgar los crímenes cometidos por ambas partes del conflicto armado.
Un informe sobre El Salvador, encargado por el Congreso de los Estados Unidos, considera la Ley de Amnistía como uno de los principales problemas del país en materia de Derechos Humanos.
Recientemente, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en ingles) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), junto a la Universidad de Washington, el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad George Mason y otras organizaciones civiles; organizaron en la capital estadounidense un foro en el que se abordó el estado de la justicia para graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador, a 20 años del Informe de la Comisión de la Verdad.
Uno de sus oradores fue el Congresista estadounidense (Demócrata por Massachusetts) James McGovern, alguien que ha seguido con dedicado interés el tema de los derechos humanos en El Salvador.
En su alocución, McGovern consideró que la aprobación de la Ley de Amnistía, cinco días después de presentarse el informe de la Comisión de la Verdad, cerró la puerta a la posibilidad de hacer justicia en todos los casos consignados en el informe.
Este congresista con fama de ser uno de los miembros más liberales del Congreso estadounidense, agrega que
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Congresista James McGovern
la Amnistía  “ha ayudado a crear un legado de justicia inconclusa y valladares para un verdadero proceso de reconciliación, además que ha fortalecido una cultura de impunidad y de una escalada de violencia”.
“Me llena de enojo y frustración escuchar a personas decir que la Amnistía fue parte de los Acuerdos de Paz, pero no fue así. La justicia y la reconciliación estaban supuestas a venir con la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad, pero nunca tuvo oportunidad de ser así”, enfatizó McGovern.
A la vez aplaudió las acciones del presidente Mauricio Funes de reconocer a nombre del Estado salvadoreño los crímenes cometidos contra la población civil, pero que dichas acciones no rompen la cultura de la impunidad que no permite que la justicia procese a criminales de guerra.
McGovern retomó las ideas del ex provincial de la Compañía de Jesús para Centroamérica, José María Tojeira, quien recientemente habló de una Ley de reconciliación nacional, que venga a abrogar la Amnistía.
“Una vez él (Tojeira) me dijo que la justicia no necesariamente significa castigo, pero que no puede haber perdón cuando no se confiesa que un crimen o un pecado se ha cometido y no se reconoce que un daño permanente se ha hecho contra víctimas inocentes”, puntualizó.
La lista de crímenes del General Vides Casanova 
Otro elemento para remarcar que Estados Unidos imparte la justicia que En El Salvador no se ha impartido es el caso del ex ministro de Defensa Eugenio Vides Casanova, quien afronta un proceso de deportación a El Salvador.
Días atrás se dio a conocer la sentencia de la Corte de Inmigración de Orlando, Florida, con fecha del 16 de agosto de 2012, en la que se ordena la deportación de Vides Casanova a El Salvador.
En la sentencia se recuentan al menos siete crímenes en los que este antiguo alto mando del ejército, fue hallado responsable de tener participación directa o implicación como encargado de las Fuerzas Armadas.
Entre estos resalta la ejecución extraoficial de las religiosas estadounidenses Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel, and Jean Donovan, acaecido el 2 de diciembre de 1980 y por el cual había sido llevado ante los tribunales.
También se determinó su responsabilidad en masacres como Las Hojas y la Puerta del Diablo, aparte de múltiples casos de tortura contra civiles.
La sentencia no hubiese salido a la luz, de no haber sido por la demanda interpuesta por la reportera del connotado rotativo The New York Times, Julia Preston, contra el departamento de Justicia Norteamericano por negarse a revelar detalles de las audiencias.
gensinuniformEl argumento del departamento de Justicia fue que "la decisión era preliminar y que no se había obtenido la autorización de Vides Casanova para hacer públicos los archivos”.
Preston, quien fue encomendada por el Times para darle seguimiento al caso, dijo en su momento que el esfuerzo realizado por las autoridades de Estados Unidos es un giro en su política exterior.
Señala también que Vides Casanova fue un estrecho aliado de Washington durante el conflicto mientras ostentó la dirección de la Fuerza Armada, entre 1983 y 1989 y que entonces, a pesar de las rampantes violaciones a derechos humanos que cometían los soldados bajo su mando, era elogiado por las autoridades estadounidenses.
“Este es el primer caso en el que el Departamento de Seguridad Nacional ha aplicado esta ley relativamente nueva y lo ha aplicado al más alto mando militar de su país para buscar su deportación”, sostenía la abogada del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA) Carolyn Patty Blum, representante de varias víctimas de tortura en este caso.
Además, calificó la decisión como “enormemente significativa” para futuros esfuerzos por abrir casos de inmigración por abusos a derechos humanos contra comandantes militares y oficiales del gobierno del más alto nivel.
“No hay diferencia entre Bin Laden y Montano”
El director del Proyecto Digital ContraPunto, Juan José Dalton, asistió al foro -como invitado- en el que intervino el Congresista James McGovern y valora que la íntima relación entre El Salvador y Estados Unidos, aunado a la enorme comunidad de salvadoreños que residen en suelo estadounidense, son motivos para que la principal potencia mundial observe el proceso de institucionalización del país más pequeño de la América Continental.
“Después de terminada la guerra hay más fuerzas en conjunto en la sociedad norteamericana, velando que la sociedad salvadoreña logre la reunificación, la paz y el desarrollo”, sostiene el periodista, añadiendo que para Estados Unidos es inaudito que más de 20 años después, no haya criminales de guerra que hayan sido juzgados.
Dalton tiene especial interés en el tema de justicia después del conflicto armado, ya que en el foro pudo compartir su experiencia de los vejámenes de los que fue sujeto como antiguo preso político, por su participación con la guerrilla; a quien estando herido se le aplicaron diferentes delitos de "lesa humanidad" y de violaciones al derecho humanitario internacional, como desaparición -por varios días en cárceles clandestinas- y tortura.
Asimismo ha dado a conocer en reiteradas visitas a EE.UU, el caso de su padre Roque Dalton, considerado como el escritor salvadoreño más conocido en todo el mundo y que fuese asesinado extrajudicialmente en mayo de 1975 por integrantes de la organización guerrillera a la que perteneció, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
En ese sentido, aprovechó para solicitarle al gobierno estadounidense y a todas sus instituciones correspondientes que no de ingreso a territorio estadounidense a los asesinos de su padre -quien era hijo de un ciudadano estadounidense-, especialmente al actual Secretario para la Vulnerabilidad del gobierno salvadoreño, Jorge Meléndez (Jonás), y al ex jefe rebelde, Joaquín Villalobos, en la actualidad asesor del gobierno colombiano, quienes han confesado haber participado en el asesinato de Roque Dalton.
“Si El Salvador es aliado de Washington, yo le pido al gobierno estadounidense que le reclame al gobierno salvadoreño el por qué tiene entre sus funcionarios a alguien que ha cometido delitos de lesa humanidad como Jorge Meléndez”, mencionó.
En el proceso de extradición que se sigue contra el ex viceministro de Defensa Inocente Montano, implicado en la Masacre de los Jesuitas del 16 de noviembre de 1989, Dalton puntualiza que si bien antiguas autoridades estadounidenses se hicieron de la “vista gorda” al dejarlo entrar a su país, ahora él constituye un "peligro" para dicha sociedad.
“No hay ninguna diferencia entre un (Osama) Bin Laden y un Montano, son criminales que cometieron masacres (…) Eso te dice que la sociedad y sus normas van evolucionando hacia un perfeccionamiento que procura la convivencia armónica”, expresa.
Juan José Dalton considera que para que El Salvador empiece a sacudirse la costra de impunidad, se debe anular la Ley de Amnistía, la cual dice que es una de las preocupaciones más grandes que tienen los representantes de las organizaciones civiles, políticas y oficiales estadounidenses con los que ha hablado.
Al respecto, señala que el presidente Mauricio Funes debe tomar un papel más activo en la anulación de la Amnistía, ya que en su momento, el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) fue quien envió a la Asamblea Legislativa dicho compendio legal, y que por lo tanto, los mandatarios tienen "iniciativa de ley".
También cree que la prensa debe procurar alejarse de los poderes políticos y económicos, para que logre ser crítica e independiente y que represente realmente los intereses de la sociedad.
Finalmente, exhortó a ambos bandos que se enfrentaron en el conflicto armado reconozcan y pidan perdón de cara a la sociedad por los crímenes cometidos.

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