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jueves, 27 de febrero de 2014

Demandan investigar represión a manifestantes civiles en Costa Rica

San José, 27 feb (PL) La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica exigió hoy investigar la represión desatada el lunes contra pobladores de unas 50 comunidades de las zonas costeras de Chomes, provincia occidental de Puntarenas, durante una manifestación pacífica.
Alrededor de una decena de personas golpeadas, entre ellas un anciano y un niño, y 11 detenidos fue el saldo de la actuación de los miembros de la Fuerza Pública para acabar con un bloqueo en las vías realizado por los civiles en el área contra la decisión del gobierno de suspender la aprobación de una ley en su favor.

La Defensoría solicitó al Ministerio Público abrir un expediente al respecto y demandó al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, un informe detallado sobre la actuación de los agentes policiales.

El objetivo de la reclamación es determinar si existió algún abuso de las autoridades durante esa protesta, aunque es sabido que los efectivos de la Fuerza Pública usaron gas lacrimógeno, persiguieron a los manifestantes y levantaron de manera forzosa el cierre en la carretera Interamericana Norte.

El defensor adjunto, Luis Falla, explicó que pidieron documentación de las negociaciones realizadas con las autoridades de salud para brindar atención médica a las personas detenidas que así lo requirieran, señala el diario digital www.elpais.cr

Los habitantes de Chomes reclamaban la aprobación de la Ley de Territorios Costeros Comunitarios (Tecocos), cuya aplicación beneficiaría a unas 60 mil familias que viven cerca de Playa Potrero y otras áreas cercanas al océano Pacífico.

También los comunitarios defendían su acueducto rural (Asada) de los intentos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de agenciárselo para favorecer megaproyectos inmobiliarios en esa región occidental.

El bloqueo del 24 de febrero impedía el paso por la carretera Interamericana Norte, específicamente en la entrada a Chomes, frente a la gasolinera San Gerardo, según una denuncia presentada ante la Defensoría por la ciudadana Stella Chinchilla.

Los participantes en la protesta se oponían a la decisión gubernamental de sacar de la agenda legislativa la aprobación del proyecto Tecocos en segundo debate, pese al acuerdo que existía entre fracciones legislativas de votar esa propuesta en esta etapa.

Salvo el derechista Movimiento Libertario, las bancadas de la Asamblea Nacional convinieron en pasar tres leyes en este período, incluida esa, mas el Poder Ejecutivo ordenó aprobar las otras dos y desestimar la esperada por los habitantes de las zonas costeras.

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