Cerca de 50 organizaciones
ambientalistas y de derechos humanos empezaron una protesta contra las
medidas adoptadas por el Gobierno de Perú, que quiere aligerar los
controles sobre la explotación minera.
Para demostrar su indignación ante la decisión del Gobierno, que para atraer la inversión y el crecimiento económico ha puesto en peligro el medioambiente, los indignados convocaron una marcha a últimas horas del miércoles en el centro de Lima, la capital.
Los manifestantes expresaron su rechazo ante un nuevo paquete de propuestas al respecto, enviado por el Gobierno del presidente peruano, Ollanta Humala, al Congreso de Perú, que “pone en serio riesgo la fiscalización de las actividades extractivas”.
Una vez ratificado el paquete, la presidencia del Consejo de Ministros decidirá sobre la explotación de las reservas naturales, los estándares de calidad ambiental y los límites máximos de contaminación del país, y no ya el Ministerio de Ambiente.
Además, el Gobierno de Humala tiene pensado facilitar las normas de estudio de impacto ambiental (EIA) y disminuir las multas impuestas a las empresas que no cumplan con las normas ambientales, con el fin de agilizar el proceso de las inversiones.
“Se está aprovechando de la situación económica para favorecer intereses de grupos económicos", dijo el secretario ejecutivo de la red Muqui de organizaciones ambientalistas e indígenas, Javier Jahncke.
El activista reiteró que estas facilidades se otorgan a las compañías, hacen imposible el control de impactos al ambiente y acabarán afectando a fuentes de agua y la salud de las personas.
La nueva decisión del Gobierno peruano se debe a los últimos informes que demuestran una clara retracción en la cifra de crecimiento económico del país en los primeros seis meses del año 2014.
Los últimos datos publicados el martes demuestran una caída del 0,8 % en la tasa de crecimiento de Perú, que durante una década ha gozado de una de las economías mejor desempeñadas de América Latina, con un crecimiento sostenido por encima del 5 %.
La retrocesión se debe, en gran medida, a la crisis económica a nivel mundial que ha causado la caída del interés por el producto principal del país, los metales preciosos.
Las organizaciones ambientalistas advierten de que, lejos de favorecer la inversión, el clima de negocios se verá afectado en el país por nuevos conflictos sociales en las zonas de fuerte actividad extractiva de recursos naturales.
ymc/anz
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