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jueves, 28 de agosto de 2014

Indígenas y campesinos luchan contra implantación de hidroeléctrica


papelrevolucion.comNatasha Pitts
Adital
Miedo y represión han sido una constante en la vida del pueblo maya Q´eqchi´, que reside en la microrregión de Balbatzul, municipio de Cobán, Alta Verapaz (Guatemala). Esto porque, desde 2009, la empresa Hidro Santa Rita, con apoyo del gobierno departamental, del alcalde municipal y de empresarios, pretende instalar una hidroeléctrica sobre el río Dolores, único recurso hídrico que abastece a más de 30 comunidades. Si por un lado las acciones de la empresa avanzan, por el otro las comunidades afectadas también están actuando y buscando en la justicia el derecho a defender su tierra. La respuesta ha sido una escalada de criminalización.

El último 14 de agosto, la comunidad 9 de Febrero sufrió un intento de desalojo. Antes de llegar a la comunidad, la Policía Nacional Civil (PNC) se deparó, en la carretera, con una manifestación organizada por la Comunidad Monte Olivo, que también se opone a la construcción de la hidroeléctrica Santa Rita. Incluso siendo una acción pacífica, la PNC detuvo a cinco manifestantes.
En la madrugada del día siguiente, 15 de agosto, la Policía llegó a la comunidad 9 de Febrero, pero la población ya había dejado el lugar. Las casas fueron demolidas y lo que quedó de ellas fue quemada. Desde junio de este año, la cantidad de familias que viven en la comunidad ya venía disminuyendo en virtud del constante asedio de empresarios vinculados a la hidroeléctrica y de grupos armados ilegales. El mismo día, en el municipio de Raxruha, se produjo la detención de los líderes del Comité de Desarrollo Campesino y la ocupación policial de la comunidad Monte Olivo.
El 16 de agosto, una comisión formada por integraciones de organizaciones y movimientos indígenas y de campesinos fue a Monte Olivo y consiguió la salida de la policía. Las familias retornaron de las montañas a sus casas en la comunidad.
En mayo de este año, una acción de desalojo en Monte Olivo fue también frustrada. El objetivo principal era conseguir entrar con maquinarias en la propiedad Xalahá Canguinic, donde será construida la hidroeléctrica Santa Rita, y capturar a los líderes locales, que desde 2008 manifiestan su repudio al proyecto hidroeléctrico.
Pocos días después de la serie de desalojos, manifestaciones y ocupaciones policiales, como un intento de enmascarar las acciones violentas en favor de la construcción de la hidroeléctrica, el Ministro de Gobierno, Mauricio López Bonilla, hizo declaraciones a la prensa afirmando que la actuación de la Policía y del Ejército será mantenida en Alta Verapaz a fin de combatir al narcotráfico.
Representantes de organizaciones indígenas y campesinas de Alta Verapaz participaron en el ‘IV Congreso de Pueblos, Comunidades y Organizaciones’ y encontraron en el evento una oportunidad para denunciar la situación. Líderes del pueblo Q´eqchi´ revelaron que la represión policial dejó como saldo tres ejecuciones extrajudiciales, 47 presos, 47 personas heridas, además de cientos de familias campesinas e indígenas desplazadas y refugiadas en las montañas. Según ellos, hoy están enfrentando las mismas políticas represivas vividas durante la guerra civil, como las detenciones ilegales, invasión de viviendas y uso excesivo de la fuerza.
Las poblaciones afectadas piden que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) cumpla su papel en lo que tiene que ver con los casos que involucran violaciones a los derechos humanos. También solicitan a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala que investigue las acciones represivas y de militarización que están ocurriendo en Alta Verapaz.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

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