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martes, 23 de septiembre de 2014

Guatemaltecos se movilizan en todo el país por la aprobación de leyes



Natasha Pitts
Adital
En la mañana de este lunes 22 de septiembre, una delegación formada por representantes de organizaciones populares, indígenas y sociales se reúne con el presidente del Congreso Nacional guatemalteco, Arístides Crespo, y con los diputados jefes de las diferentes bancadas. La intención es rever las demandas legislativas que impulsaron la realización de manifestaciones la última semana.

Desde el 17 de septiembre, organizaciones campesinas, de pueblos ancestrales, populares e integrantes de radios comunitarias realizan movilizaciones a favor de la aprobación de algunas leyes -como la de Desarrollo Rural Integral y la de radios Comunitarias- y por la derogación de otras que atentan contra la vida y los derechos ya garantizados. Es el caso de la Ley de Túmulos y de la Ley de Radiocomunicaciones. De acuerdo con periódicos locales, se realizaron por los menos 35 bloqueos en carreteras guatemaltecas.

Las manifestaciones de la semana pasada reverberaron en el Congreso Nacional; una delegación integrada por representantes de los pueblos, comunidades y organizaciones fue convocada para reunirse con el presidente del Congreso y con algunos diputados que se comprometieron a conocer la Ley de Desarrollo Rural Integral 40-84 y aprobarla en primera lectura. Mientras tanto, los/las manifestantes permanecieron movilizados en la puerta del Congreso y en varias otras partes del país, atentos/as al resultado de las conversaciones.

A pesar de las promesas de los 123 diputados/as que participaron en la sesión plenaria, sólo 74 votaron a favor de la moción privilegiada para conocer la iniciativa de ley. Los integrantes de la bancada Libertad Renovada Democrática (Lider) se abstuvieron de votar. Para la delegación que participó en la reunión del Congreso, la respuesta dada por los diputados significó otra impertinencia con el pueblo guatemalteco.


Al tomar conocimiento de lo que ocurrió, los manifestantes que se encontraban frente al Congreso Nacional decidieron hacer un cordón humano para impedir la salida de los políticos y exigirles que dieran una respuesta positiva a las reivindicaciones populares. Sin embargo, la Policía entró en acción impidiendo el plan.


En el puente Jupilingo, ubicado en Camotán, Chiquimula, la Policía Nacional Civil también actuó impidiendo a la población manifestarse y mostrar su disgusto. Las personas que se manifestaban en el lugar fueron expulsadas en forma violenta. Cinco quedaron presas, inclusive la periodista comunitaria Norma Sansir, que estaba cubriendo la movilización y perdió todo su equipo, tomado por la Policía.

Al día siguiente, 18 de septiembre, nuevas manifestaciones explotaron en varios puntos del país a fin de exigir que los diputados/as legislen en favor del pueblo y aprueben las Leyes de Desarrollo Rural Integral, de Radios Comunitarias, Ley de Lugares Sagrados de los Pueblos Indígenas y Ley de la Juventud, entre otras.

Además, también se reivindicó la anulación de leyes que atentan contra la vida y contra derechos garantizados, como la llamada Ley de Túmulos, decreto 8-2014, que atenta contra el derecho constitucional de la libertad de manifestación; la Ley de Radiocomunicaciones, decreto 12-2014, conocida como "Ley TIGO”, que autoriza la instalación de torres de telefonía en cualquier lugar, sin tener en consideración la propiedad privada, comunitaria, municipal o nacional; y también la Ley de Servidumbre Forzosa 47-82, que impone la instalación de torres y de cables de energía eléctrica de alta tensión sin la necesidad de autorización del propietario.

Las organizaciones anuncian que las manifestaciones van a continuar en las comunidades y poblados de diversas partes del país hasta que los diputados y diputadas respondan positivamente a las demandas exigidas durante las movilizaciones.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

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