Alainet
El
ajuste económico a inicios de los años 90s abrió el sector eléctrico al
capital privado. La Ley Marco del Sub-sector Eléctrico aprobada en
noviembre de 1994 tuvo como objetivo fundamental regular las
actividades de generación, trasmisión, distribución y comercialización
de la energía eléctrica, para lo cual se dio vida al gabinete
energético para formular y evaluar las políticas del sector. ¿Nunca se
formuló una política de Estado de largo plazo? Igual se crea la
Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) que no se supo cuál era
su verdadera función, ya que sus actuaciones eran de oficina de
trámites de contratos de energía para los operadores privados y la
actualización de las tarifas.
En octubre de 2007, al capturarse
la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) por grupos y poderes fácticos
representados por un oligopolio de generación de energía térmica, el
gobierno de Zelaya Rosales aprobó la Ley de Promoción a la Generación
de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, que facilitó la
proliferación de proyectos de inversión que, para su ejecución, debía
secuestrarse a los ríos, micro cuentas y cuencas del país, así como a
los pobladores. La Ley de Producción y Consumo de Biocombustibles le
siguió, pero el resultado más visible es la presión desmedida por la
tierra agrícola y la expulsión de campesinos productores de alimentos,
frente a la siembra de palma africana, cacao y el azúcar.
Los
mismos empresarios de las empresas térmicas capturaron la mayor parte
de estas iniciativas de inversión, sumándose políticos de turno; el
caso de la energía eólica y solar observa una mayor partición de
capital privado externo. Sin embargo los costos sociales, ambientales y
las violaciones de los derechos humanos han sido demasiado altos para
el país, aunque todavía, como era de esperarse, la dependencia de la
energía térmica sigue siendo mayor.
El asalto a la ENEE ha sido
salpicado por actos de corrupción, acompañado de una politización y
mala gestión técnica y financiera. En el gobierno de Zelaya Rosales
hubo más de cuatro gerentes de la ENEE, incluyéndose él mismo. Las
pérdidas de la ENEE representaban el 25% por no facturación, que
significaba unos 200 millones de dólares anuales; los grandes morosos
no se tocaron ya que incluía connotados líderes empresariales y
políticos, y las pérdidas por concepto de un subsidio generalizado
superaron los 3 mil millones de lempiras, pero además se otorgó dicho
beneficio a consumidores de hasta 300 kilovatios.
El golpe de
Estado profundizó la crisis de la ENEE ya que se autorizó la ejecución
de proyectos hidroeléctricos en áreas de bosques protegidos, modificó
la formula de importación de combustibles y se otorgaron licencias
ambientales para proyectos de energía renovable como si fueran cupones
de comida para indigentes. El balance de la empresa de la ENEE arrojó
un déficit de cerca de 3 mil millones de lempitas al 31 de diciembre de
2009.
El gobierno del Humanismo Cristiano (2014-2013) no se
quedó atrás; politizó la ENEE, las pérdidas crecieron, la mora aumentó
y se observó un mayor drenaje de recursos del fisco para cubrir los
déficits operaciones. Se ensayaron varias alternativas, desde la
creación de una junta interventora hasta el ofrecimiento de los
empleados de la empresa eléctrica colombiana para capitalizar la ENEE,
siempre y cuando se tuviera el 51% de las acciones de capital, lo cual
no se aceptó.
La alternativa aprobada por el Congreso de la
República en el marco de las Alianzas Público-Privadas, que a juicio
del presidente del Sindicato de la empresa Miguel Aguilar, fue para
favorecer a los Bancos del Sistema opuestos a la propuesta de los
colombianos, es la operatizacion de tres fideicomisos para el rescate
financiero de la empresa. Un fideicomiso con el Banco Atlántida para
recuperar pérdidas en el área de despacho y trasmisión; un fideicomiso
con Ficohsa para pérdidas en distribución y flujo financiero y otro, de
menor cuantía, con el Banco Continental por iluminación pública; ya no
habrá una ENEE, sino que tres (3) unidades empresariales operando bajo
un esquema distinto.
El problema con estos fideicomisos es que
marchan a “paso de tortuga” ya que tienen más de un año de haber sido
autorizados por el gobierno sin que estén debidamente conformados, en
el entendido que solo recuperan ingresos pero no invierten capital ¿del
mismo cuero las correas?. En el caso particular de los fideicomisos con
Banco Atlántida y Ficohsa, el FMI espera que se avance ya que no puede
aprobar una Carta de Intenciones sin tener claridad de cómo se
recuperan dichas pérdidas y los aportes de capital (inversiones) fresco
por el operador privado internacional a contratar; más de algún banco
está pensando en una figura donde el operador no invierta y solo cobre
a los contribuyentes comerciales, dejando un porcentaje para los gastos
y sus beneficios.
El presidente del BCH ha expresado que la
solución de la crisis financiera de la ENEE contempla varias
intervenciones: a) reducción de las pérdidas que representan un 32%, a
razón de una pérdida de 1 millón de dólares diarios ¿Unos 7,000
millones de lempiras al año?, aspirando a una reducción gradual máxima
de cerca de 23% al finalizar el gobierno; b) la reingeniería
institucional que permita sanear la empresa y mejorar la gestión
administrativa y técnica, pero eliminando también el paracaidismo
político y la burocracia de cuello blanco; c) renegociación de los
contratos con las empresas térmicas con una deuda de 320 millones de
dólares ¿revisar los costos fijos caso por caso, tiempos de pago, el
calculo del costo marginal, colocación de bonos para pagar deudas
viejas?; d) focalización de los subsidios ¿ pagarán más los indigentes
ya que en actualidad el subsidio se redujo a los que consumen menos de
50 kilovatios; f) ajuste de tarifas.
Sobre esto último, ya se
habla de un ajuste de 10% de la factura de energía, que representa
ingresos adicionales al fisco de 2,000 millones de lempiras al año. Ha
sido rechazado por la colectividad nacional incluyendo a los
empresarios y el colegio de economistas. Para los miembros del
Sindicato de la ENEE, el ajuste de las tarifas sería mayor por cuanto
es la única manera para que los bancos y operadores privados cubran los
costos reales de operación y recuperen su inversión
El
presidente del BCH considera que el ajuste de tarifas es la última
opción, pero deducimos que si no se logra firmar con el FMI será la
primera opción. Tanto la recuperación de perdidas como la reingienria
institucional llevan tiempo, como también es evidente que el ahorro por
focalización de subsidios no será significativo y puede más bien
afectar a un grupo poblacional vulnerable. El drenaje de recursos que
causa la situación financiera de la ENEE es diario, por lo que es de
esperar que se ajusten las tarifas de inmediato en tanto la ENEE opera
con costos por debajo del costo real. El ajuste de tarifas fue una de
las recomendaciones del FMI en 2010, que sirve de justificación para
exigir de nuevo su cumplimiento.
Es poco probable que los diez
(10) trancazos económicos que ha sufrido el pueblo hondureño después
del golpe de Estado, sea un factor que pueda utilizarse para que el
trancazo eléctrico no forme parte de la condicionalidad exigida por el
FMI, aunque un punto a favor es que el presidente de la Republica está
en contra de cargar al pueblo con más impuestos.
Fuente: http://alainet.org/active/77420
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