Sputnik
Estela
Díaz, referente del Comité de Liberación de Milagro Sala, explicó a
Sputnik que el dictamen de la Justicia de la provincia de Jujuy "es
absolutamente disparatado y profundamente injusto". Para la activista,
las acciones contra Sala son "una condena política que se ratifica con
este fallo", al que definió como "una vergüenza".
Sala fue
arrestada y llevada a prisión en diciembre de 2015, acusada de amenazas y
daños graves debido a una manifestación en 2009 contra el actual
gobernador jujeño, Gerardo Morales, en aquel entonces senador. En esa
ocasión, los manifestantes le lanzaron "cuatro huevos" y rompieron
"siete vidrios", indicó Díaz.
Varios organismos de derechos humanos y el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de la ONU
exhortaron al Gobierno argentino
a tomar cartas en el asunto, por considerar que la privación de libertad se dio de manera irregular.
Lea más: La detención de Milagro Sala es un escollo cada vez mayor para la política exterior de MacriEn la sentencia del 28 de diciembre, Sala fue sobreseída de la acusación por amenazas, pero condenada por daños graves a tres años de prisión en suspenso, "la máxima pena" que supera a lo que pidió la fiscalía. Según la integrante del comité, "los tribunales en general dan lo que pide la fiscalía o menos". "No sabemos en qué fundamentan esto", acotó. El sustento de la decisión judicial, dijo, se dará a conocer en febrero.
"Ella
[Sala] no estuvo [en la protesta], no participó en su organización y
las personas que participaron, que han sido identificadas, dijeron todo
el tiempo que ella no tenía nada que ver", indicó Díaz.
La
prisión en suspenso es para la causa original por la que fue apresada,
pero luego fue acusada por presunta asociación ilícita, estafa al Estado
e intento de homicidio. Si no existieran estos expedientes abiertos en
su contra, la dirigente social saldría de la cárcel.
"Debería
estar en libertad por más que tenga otras causas: si uno está imputado o
procesado, esto para nada significa la privación de la libertad, que es
la última instancia hasta que no haya condena firme", aseveró la
referente.
Asimismo, dijo que "las personas tienen el derecho
constitucional de la presunción de la inocencia" y "esperar el proceso y
la condena firme" en libertad. Sala, además, fue electa en octubre de
2015 como diputada del Parlamento del Mercosur por Argentina, por lo que
su defensa alega que "se violan sus fueros parlamentarios". No
obstante, la Corte Suprema de Justicia de Argentina considera que los
representantes del órgano regional no tienen inmunidad.
"No
creemos en lo más mínimo en la Justicia de Jujuy, absolutamente
cooptada por el poder político, que está determinando estos fallos",
sentenció Díaz. Asimismo, aseguró que el Gobierno federal, que debería
ser "el responsable cuando se violan tratados de derechos humanos", hace
"oídos sordos" y reacciona con "declaraciones que son ofensivas".
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