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lunes, 13 de febrero de 2017

Experto: el Gobierno brasileño dejó a los policías en huelga en un callejón sin salida

Policías brasileños en el lugar de un tiroteo en Espírito SantoSputnik
Así lo cree el investigador del centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (Cesec) de la Universidad Cândido Mendes de Río de Janeiro Pablo Nunes, que remarca que el Gobierno dio un "jaque mate" al movimiento huelguista cuando empezó a negociar con una de las asociaciones policiales.
Hasta entonces, recuerda Nunes a Sputnik, el movimiento estaba muy unido, por lo que esta "jugada para dividir al movimiento" ayudó a desmoralizar a los policías y a sus mujeres, que lideran la huelga encubierta bloqueando los cuarteles para que los vehículos no puedan salir a patrullar.
A pesar de que el fin de semana el Gobierno anunció un acuerdo con la policía lo cierto es que al día siguiente pocos salieron a patrullar: "Era un acuerdo risible, todas las contrapartidas que tenía que asumir el Gobierno eran promesas, conceptos vagos que se iban a estudiar", dice Nunes.
Los policías resistieron un poco más pero este 13 de febrero muchos ya volvieron a trabajar normalmente: 1.200 de los 2.000 que lo hacen habitualmente, mientras que la ciudad de Vitória vuelve poco a poco a la normalidad: los autobuses vuelven a circular y reabren escuelas, hospitales y el comercio local.
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En cualquier caso Nunes destaca que lo sucedido en Espírito Santo es un "laboratorio" que testará cómo se tratarán los próximos movimientos reivindicatorios de este tipo.
"Los policías que participaron en el movimiento serán perseguidos con contundencia. Habrá que ver qué penas se aplican, pero creo que será una señal clara de que las cosas no están dentro de la normalidad", aventura el experto.
Este experto en seguridad pública pronostica un castigo ejemplar para ahuyentar la posibilidad de que se repite una huelga de este tipo, sobre todo teniendo en cuenta el contagio producido en Río de Janeiro.
El pasado viernes el Gobierno de Espírito Santo informó que acusará de crimen de motín y revuelta a 703 policías, lo que podría costarles multas y hasta 20 años de prisión.
Además, la Fiscalía estudia llevar este delito al ámbito federal para poder exigir a las esposas de los agentes que paguen por el coste del envío del Ejército a Espírito Santo para actuar ante la ola de violencia desatada.
En los últimos días se produjeron más de 140 muertes violentas, según el sindicato de la Policía Civil, además de continuos robos, saqueos y atracos.
Al margen del castigo que puedan sufrir los policías a medio plazo Nunes teme que el conflicto se haya cerrado en falso, ya que no se han satisfecho ninguna de sus reivindicaciones.
​Sus esposas y familiares pedían un aumento del 43% del salario para compensar la inflación de los últimos años, además de mejoras en las condiciones de trabajo, que en muchas ocasiones ponen en riesgo la integridad física de los policías.
"Se creó un movimiento de mujeres bien articuladas (…) Los policías de Espírito Santo tienen uno de los menores salarios de Brasil y unas condiciones de trabajo muy deficientes. Imagina a un policía teniendo que ir a una operación sabiendo que su chaleco antibalas está defectuoso. Es complicado", ejemplifica Nunes.
Nunes, que también es uno de los autores 'Por que policiais se matam?', del Grupo de Estudio e Investigación en Suicidio y Prevención (Gepesp en sus siglas en portugués) remarca que la situación de la Policía Militar en Brasil merece un debate serio y sereno, y que buena parte de las soluciones pasan por la desmilitarización.
Es algo que pide más del 70% de los policías, según una encuesta de la Fundación Getúlio Vargas, pero que cuenta con fuertes resistencias tanto en los altos mandos como en el Congreso Nacional, debido a la amplia presencia de diputados de la llamada "bancada da bala", con muchos intereses en la industria armamentística.
Con los últimos coletazos de la huelga de Espírito Santo circulan en las redes sociales vídeos de policías llorando por tener que volver a su dura rutina de trabajo, mientras que algunas esposas cuentan relatos de intentos de suicidio.
Según el estudio del Gepesp a lo largo de 2015 un total de 26 agentes de la Policía Militar de Río de Janeiro se quitaron la vida: de los 224 policías militares encuestados un 10% lo intentó y un 22% lo pensó pero no lo intentó.