Mémoire des luttes
Traducido del francés para Rebelión por Caty R. |
Por
una amplia mayoría 128 países miembros de las Naciones Unidas, de un
total de 193, condenaron el 21 de diciembre de 2017 el reconocimiento de
Jerusalén como capital de Israel declarado por el presidente de EE.UU.
Donald Trump. El texto de la resolución repetía, agrandes rasgos, un
proyecto apoyado por 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad en
el que Estados Unidos tuvo que utilizar su veto de miembro permanente
para impedir que se adoptara.
Con el fin de evitar esta condena
masiva de la comunidad internacional, previamente Washington multiplicó
las amenazas y las presiones. Así, 35 Estados se abstuvieron y 21
juzgaron prudente no tomar parte en la votación. Entre los
abstencionistas, la Casa Blanca pudo contar con la «solidaridad pasiva»
de algunos comparsas continentales: México, Argentina y Canadá. Pero,
por supuesto, fueron «siete grandes potencias» totalmente alineadas con
Washington y Tel Aviv las que llamaron la atención: las islas Marshall,
Micronesia, Nauru, Palau, Togo y sobre todo, del tradicional patio
trasero, Honduras y Guatemala.
Nada sorprendente en el caso de
Honduras, donde Juan Orlando Hernández (JOH) acaba de autoproclamarse
reelegido en una elección presidencial en condiciones tan escandalosas
que incluso la Organización de los Estados Americanos (OEA) protestó por
la irregularidad (1). Trump por el contrario, y contra toda evidencia,
reconoció la «victoria», se entiende que «JOH» rivalizase en servilismo.
Sin embargo, en el registro de «alianzas dudosas y compromisos
absolutos», su homólogo guatemalteco Jimmy Morales lo hizo todavía
mejor: el 24 de diciembre anunció su intención de imitar a Washington
trasladando su embajada de Herzliya (barrio de Tel-Aviv) a Jerusalén, en
desafío del voto de condena de la Asamblea General de las Nacionales
Unidas.
Al igual que Honduras, Guatemala se encuentra en
posición de gran debilidad frente al eventual mal humor de la Casa
Blanca y del Departamento de Estado. Aunque modesta y dirigida
prioritariamente a las fuerzas de seguridad y represión, la ayuda
económica de Washington es vital para esta nación abandonada. Además el
chantaje de la expulsión pende sobre el millón de guatemaltecos que
residen más o menos legalmente en territorio estadounidense y permiten
la supervivencia de sus compatriotas gracias a las remesas. Casi 40.000
de esos emigrantes ya fueron repatriados manu militari en 2017.
Finalmente, al igual que «JOH», Jimmy Morales arrastra algunos
escándalos que solo pueden incitarle a la más pragmática de las
sumisiones. Desde 2015, encargada por las Naciones Unidas y Washington,
una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG)
lleva en el país una «santa cruzada» contra la corrupción. Y no sin
resultados: en 2015 la comisión hizo destituir y encarcelar al
presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti por
malversación de fondos.
A su vez Jimmy Morales, tras acceder a
la cabeza del Estado, se ha señalado por algunas «fruslerías». En
septiembre de 2017, por ejemplo, se descubrió que percibía todos los
meses de las fuerzas armadas, con total discreción, una presunta «prima
de riesgo» de 7.300 dólares (un incremento irregular de su salario del
33 %) Después otra revelación agitó la opinión pública: 800.000 dólares
de fondos ilegales habrían irrigado la campaña del Frente de
Convergencia Nacional del que era el candidato. La Procuradora General
Thelma Aldana y la CICIG demandaron que se levantara su impunidad y se
permitiera juzgarle y Morales (cuyo hermano y uno de sus hijos están
encarcelados por emitir facturas falsas), apoyado por la extrema derecha
y antiguos militares, replicó declarando persona non grata y
pretendiendo expulsar al jurista colombiano Iván Velásquez, jefe de la
CICIG, decisión que provocó fuertes reacciones nacionales e
internacionales y que el Tribunal Constitucional guatemalteco rechazó y
anuló. En semejante contexto, atraerse la simpatía de Trump no es nada
secundario para el jefe del Estado centroamericano.
Pero la
decisión de trasladar la embajada guatemalteca a Jerusalén no responde
solo a esa preocupación. Al hacer el anuncio Jimmy Morales informó de
una entrevista telefónica que mantuvo con el primer ministro israelí
Benjamín Netanyahu en el curso de la cual ambos mandatarios señalaron
las «excelentes relaciones» que existen entre ambos países «desde que
Guatemala apoyó la creación del Estado de Israel».
Recordemos
brevemente ese episodio, que no es el más importante (para los
guatemaltecos, se entiende). El hecho es que ese pequeño Estado de
América central fue el segundo (¡Inmediatamente detrás de Estados
Unidos!) que reconoció la existencia de un «Estado judío» en territorio
palestino el 14 de mayo de 1948.
En el origen de esta presencia
en los primeros tiempos de las convulsiones del lejano Oriente Próximo,
se encuentra un diplomático progresista (o al menos reformista), Jorge
García Granados. Hijo menor de un jefe de Estado encarcelado y torturado
por la dictadura de Jorge Ubico, exiliado en México, Granados combatió
en el bando republicano de la guerra civil española antes de unirse a la
«Revolución de Octubre» que, en 1944, permitió a Juan José Arévalo
convertirse en el primer presidente democráticamente elegido de
Guatemala.
Marcado por el control colonial de Londres sobre la
Honduras británica vecina (hoy Belice), un territorio históricamente
reivindicado por Guatemala, Granados, miembro del Comité Especial para
Palestina nombrado por las Naciones Unidas en mayo de 1947 (2), veía con
buenos ojos el fin del mandato británico sobre ese territorio y como la
mayoría de los miembros de la Comisión recomendó su partición entre un
Estado árabe y un Estado judío (que se convertiría en Israel unos meses
después), con un estatuto especial internacional para Jerusalén bajo la
autoridad administrativa de las Naciones Unidas (3). A pesar de lo que
se pueda pensar a posteriori, nada que ver con las ineptas iniciativas
de Trump y después de Jimmy Morales que, a finales de diciembre de 2017,
han pisoteado los derechos más elementales de los palestinos.
Tras las elecciones de 1944, Guatemala vivió 10 años de «primavera
democrática» bajo las presidencias de Juan José Arévalo (1945-1951)
y Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954). El derrocamiento de este último por
un golpe de Estado que organizaron la compañía bananera americana United
Fruit (UFCo), hostil a la reforma agraria, y su brazo armado la Central
Intelligence Agency (CIA), marca el principio de una tragedia de la
cual Granados solo conoció el principio, puesto que murió en 1961.
Muy poco tiempo después, bajo el mandato de Julio César Méndez
Montenegro (1966-1970), el coronel Carlos Manuel Arana Osorio –apodado
«el chacal de Zacapa»– con el apoyo de los instructores y los Boinas
verdes estadounidenses, dirige una campaña de represión sin precedentes
contra las organizaciones de izquierda refugiadas en la clandestinidad.
Los asesinatos políticos llegaron a la cifra de 8.000 entre 1966 y 1968.
Convertido en general y llegado al poder en 1970, Arana Osorio se
declaró decidido «si fuese necesario, a convertir el país en un
cementerio para restaurar la paz civil». Entre 1970 y 1978, 20.000
guatemaltecos pagaron con su vida esa filosofía.
A pesar de la
convergencia de los intereses de la nueva oligarquía militar y las
multinacionales estadounidenses (Hanna Mining, Del Monte, Standard
Brands –nueva rama de la UFCo-) la amplitud y los métodos de la
represión, las violaciones masivas y repetidas de los derechos humanos
-150 personas fueron asesinadas a sangre fría en 1977 en la plaza de la
ciudad de Panzos- llevaron al presidente James Carter a suspender la
ayuda militar de Estados Unidos. Desde entonces la «diplomacia del Uzi»
(en referencia al potente y célebre fusil de asalto israelí) va a
desempeñar un papel preponderante.
La asistencia militar
israelí a Guatemala había empezado oficialmente en 1971. Desde 1975 el
Estado terrorista proporcionaba los aviones Aravaet y diversos tipos de
armamento –cañones, armas individuales- que Estados Unidos dejó de
suministrar. Cuando en 1977 Carter interrumpió totalmente la venta de
armas, Tel Aviv tomó definitivamente el relevo.
El general
Lucas García fue «elegido» en 1978, mediante un fraude descarado y con
una tasa de abstención del 63,5 %. Este imposible regreso a la vía
política provocó la aparición de las guerrillas. En 1975, en primer
lugar en la región del Ixcán, reaparece el Ejército Guerrillero de los
Pobres (EGP), cuyo núcleo inicial había participado en un levantamiento
precedente antes de replegarse a México. En 1979 surgió la Organización
Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA).
El poderoso lobby
guatemalteco «Asociación de los Amigos del país» invirtió varios cientos
de miles de dólares en el Partido Republicano como contribución a la
campaña electoral de Ronald Reagan. Cuando este llegó a la Casa Blanca
las relaciones se volvieron menos difíciles. Aparte de los intereses
estratégicos de Washington, el poder económico adquirido por los
militares guatemaltecos (el 33 % de la región petrolera del Petén les
pertenecía) ofrecía ahora más oportunidades, además de las de la
oligarquía nacional tradicional, a las posibilidades de beneficio de las
empresas estadounidenses.
Cuando en el segundo semestre de
1981 el general Benedicto Lucas lanzó una ofensiva general contra las
guerrillas, la represión, además de su aspecto militar, llegó a los
sectores más moderados de la sociedad, incluida la democracia cristiana.
Una primera etapa de «pacificación» se tradujo en masacres y la
destrucción de más de 250 pueblos indígenas considerados bases del apoyo
a la insurrección armada. Este período de toma de control total de la
población se saldó con alrededor de 20.000 muertos, la huida de
aproximadamente 100.000 campesinos que se refugiaron mayoritariamente en
el sur de México, un millón de personas desplazadas y la militarización
de la administración del Estado.
Efectuando «un trabajo
fantástico» , según el general Benedicto Lucas, decenas de asesores
militares israelíes respaldaban al servicio de inteligencia
guatemalteco, el siniestro G-2, y pusieron en marcha un sistema
informático que permitía el fichaje sistemático del 80 % de la
población. Gracias a los ordenadores fabricados en Israel, el ejército
guatemalteco descubre y destruye en 1981 veintisiete escondites de las
organizaciones revolucionarias a través de un análisis de los consumos
nocturnos de agua y electricidad en la ciudad de Guatemala. Además de la
construcción de una fábrica de armas en la provincia de la Alta Verapaz
por la Eagle Military Gear Overseas, la ayuda israelí se inscribe en el
«programa de pacificación rural» responsable de la muerte de miles de
campesinos pertenecientes a los pueblos mayas. Ese siniestro plan se
inspira directamente, según su responsable el coronel Eduardo Walhero,
en el Nahal Program –«Jóvenes pioneros combatientes»– destinado a formar
a jóvenes soldados en técnicas agrícolas para instalarlos en las zonas
fronterizas del Estado israelí.
La imposición del general
Aníbal Guevara, ganador en 1982 de uno de los escrutinios más
fraudulentos de la historia del país, lleva al golpe de Estado del
general Efraín Ríos Montt, especialista en la contrainsurrección
y candidato electo expulsado de la democracia cristiana en 1974. Este
relanza la ofensiva contra el movimiento armado, unificado entonces en
la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (UNRG). La estrategia
«tortilla, techo, trabajo» agrupa a las poblaciones de las aldeas
estratégicas bajo el modelo estadounidense utilizado en Vietnam, el
reclutamiento forzoso de los indios en patrullas civiles de autodefensa
(PAC). Bajo el lema «Fusiles y frijoles» esas patrullas servirían
fundamentalmente de carne de cañón –solo el 5 % de esos
pseudovoluntarios estaban armados- y permitían vigilar constantemente a
«los 265.000 campesinos» que según el ejército «ayudan a la
guerrilla». Todo esto siempre con la atenta ayuda de Tel Aviv cuando,
bajo el régimen de Ríos Montt, 18.000 campesinos fueron masacrados,
víctimas de las peores atrocidades.
Cuando las luchas populares
triunfaban en la vecina Nicaragua, progresaban en El Salvador y en
menor medida en Honduras, Guatemala se convirtió en un centro de
difusión regional, el 30 % de las armas israelíes recibidas se revendían
en la zona –especialmente a los contrarrevolucionarios nicaragüenses
(la contra)-
«Nuestros dos países comparten los mismos
objetivos y las mismas cualidades, como el pluralismo, los derechos
humanos, la paz, la justicia social y el progreso económico», declaró
finalmente (sin reírse) Ronald Reagan, el 13 de enero de 1984, al
recibir las credenciales del nuevo embajador de Guatemala. Restablecida
la ayuda militar de Washington esta se añade a la de Tel Aviv, que no se
interrumpe. Cuando el conflicto acabó, en 1996, la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico (CEH) puesta en marcha por las Naciones Unidas
reveló que se saldó con el desplazamiento de un millón y medio de
personas y la muerte de 200.000 –el 93 % víctima de los grupos
paramilitares y el ejército- Aunque la tragedia se desarrolló a lo largo
de más de tres decenios, los picos más atroces de violencia provocados
por la estrategia de tierra quemada se desarrollaron entre 1980 y 1983,
bajo los gobiernos militares de Lucas García y Ríos Montt.
Atrapado por la justicia de su país en 2013, Ríos Montt fue condenado
por «genocidio y crímenes contra la humanidad» (aunque el Tribunal
Constitucional guatemalteco se apresuró después a anular el proceso). En
1982, es el mismo Ríos Montt quien declaraba al periódico español ABC:
«Nuestro éxito se debió a que nuestros soldados fueron entrenados por
los israelíes».
Doscientos mil muertos no se pueden comparar
con seis millones. Pero aún así… en pleno siglo XX, apenas algunos años
después de revelarse el crimen absoluto del Holocausto, un genocidio es
un genocidio. Una monstruosidad que según Jimmy Morales y Netanyahu
permitió a los gobernantes de ambos países, a lo largo de esos años
sangrientos, mantener «excelentes relaciones». Ahora para mayor
desgracia de los palestinos.
Notas:
(1) Leer «Au Honduras, le coup d’Etat permanent», Mémoire des Luttes, 5 décembre 2017, http://www.medelu.org/Au-Honduras-le-coup-d-Etat
(2)
Nombrado por la ONU el 13 de mayo de 1947, el Comité Especial para
Palestina de las Naciones Unidas (UNSCOP) constaba de los representantes
de once Estados (Australia, Canadá, Guatemala, India, Irán, Países
Bajos, Perú, Suecia, Checoslovaquia, Uruguay y Yugoslavia).
(3)
Una vez proclamada la independencia del Estado de Israel en 1948,
Granados sería el primer diplomático que anunció en las Naciones Unidas
el reconocimiento de Israel por su país. A partir de 1956 fue el primer
embajador de Guatemala
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