La Marea
| “Matar periodistas en América Latina es ya una tradición y suele salir muy barato porque los responsables intelectuales y los propios asesinos casi nunca son detenidos”. |
Horas después de que el jueves 1 de febrero se presentase el Informe Anual de Reporteros sin Fronteras, el periodista Laurent Ángel Castillo Cifuentes, colaborador de Nuestro Diario, y el publicista Luis Alfredo Girón,
de la radio Coaltepec, fueron brutalmente asesinados en una aldea del
municipio de Mazatenango, en el departamento suroccidental de
Suchitepéquez, en Guatemala. Los cuerpos de los reporteros fueron
encontrados por cortadores de caña de azúcar en un cañaveral, atados de
pies y manos, boca abajo, y con un tiro de gracia en la cabeza, según se
recogió en el informe policía.
“No había noticias de que hubiesen recibido amenazas o que estuviesen siendo extorsionados por algún grupo criminal”, contó a La Marea Luis Ovalle, jefe de redacción y editor del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), creado el 8 de agosto de 1983 en una de las etapas más violentas y sangrientas de la guerra civil guatemalteca. “Las víctimas habían viajado a la ciudad de Mazatenango para cubrir las actividades del carnaval
y elaborar, conjuntamente, una revista sobre la festividad”, comentó
Luis Ovalle. El padre de Castillo aseguró que el periodista se comunicó
con él a primera hora de la mañana, cuando se encontraba en una agencia
bancaria justo tres horas antes de ser asesinados.
La Unidad
Fiscal de Delitos contra Periodistas no proporcionó oficialmente
“información sobre el crimen o posible secuestro de las víctimas”. Luis
Ovalle, por su parte, cree que el crimen fue realizado por un grupo
armado organizado y profesional por la manera en la que actuó. No fueron disparos sorpresivos en una emboscada.
Antes de morir, los comunicadores fueron maniatados y posiblemente
interrogados y golpeados por los asesinos. Los cuerpos sin vida
aparecieron tirados entre desechos de caña seca casi en la misma
posición, tal como mostraron algunas fotografías.
El observatorio periodístico emitió un comunicado oficial en que
condenaba en los términos más enérgicos los dos asesinatos. Cerigua
instó a la Unidad de Delitos contra Periodistas “a que efectúe una
investigación rápida y expedita que permita esclarecer el doble crimen,
individualizar, procesar y sancionar a los responsables materiales y
posibles responsables intelectuales de estos asesinatos”. Y pidió
protección para los fiscales durante el desarrollo de las pesquisas.
Con el asesinato de los dos comunicadores ya son 18 las muertes violentas de periodistas ocurridas desde el 1 de enero de 2015 en Guatemala.
Solo en 2016 fueron asesinados 11 periodistas o comunicadores. Tres de
estos crímenes se produjeron en la ciudad de Coatepeque, que significa
“en el cerro de la serpiente” en náhuatl, desde 2016. El 25 de
junio de ese año fue asesinado con un disparo en la cabeza Álvaro
Alfredo Aceituno López, director de Radio Ilusión y el noticiero Acontecer Coatepecano.
Un mes después, su hija, Lindaura Aceituno, también murió
violentamente. Unos meses después, el 5 de noviembre de 2016, Hamilton
Hernández, trabajador del noticiero Punto Rojo del Canal 5, y su esposa,
Hermelinda González, fueron asesinados cuando se desplazaban a su
vivienda por la noche. Sus pertenencias, incluida una cámara
fotográfica, fueron robadas.
Pero los crímenes de periodistas o
comunicadores forman parte de la gaceta violenta del municipio desde
2015. Hace dos semanas fue detenido el parlamentario del partido
oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) Julio Juárez
Ramírez, acusado de ordenar los asesinatos de los periodistas Danilo
Efraín Zapón López y Federico Benjamín Salazar Gerónimo, ocurridos a
plena luz día en marzo de 2015, en Mazatenango. En dicho suceso también
resultó herido el comunicador Marvin Tunchez Ayala.
La
investigación realizada por la Unidad Fiscal de Delitos contra
Periodistas en coordinación con la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (Cicig) ha conseguido establecer tres años
después una relación directa del político y autor intelectual con los
líderes de la estructura de sicarios que llevaron a cabo los asesinatos
gracias a la recopilación de las conversaciones telefónicas y el
testimonio de un colaborador eficaz en la investigación que demostrarían
supuestamente que el diputado pagó 25.000 quetzales (unos 2.800 euros)
por estos crímenes.
Según Luis Ovalle, “Danilo Zapón López, de
Prensa Libre, había publicado informaciones que no gustaron al político.
Los sicarios tenían orden de acabar con su vida, pero creemos que las
otras dos víctimas fueron alcanzadas por las balas al encontrarse
circunstancialmente junto a Zapón López en el momento del atentado”.
Diez días después del asesinato de los dos informadores, más de 40
periodistas de diversos medios informativos firmaron una carta
solicitando a la Cicig su intervención en las investigaciones porque “en
el asesinato de los colegas parece haber vinculaciones con redes políticas y mafiosas que sobrepasan las capacidades de las autoridades locales”.
La carta, remitida el 26 de marzo de 2015, recordaba que ya habían
existido amenazas en contra de los fiscales que investigaban el
asesinato de estos dos periodistas y “que ese tipo de intimidaciones,
después de hechos de sangre tan notorios, podrían paralizar la acción de
la justicia”, y pedía la implementación del Protocolo de Protección
para Periodistas.
Según diversas fuentes, anualmente se
registra casi un centenar de atentados a hombres y mujeres de prensa y a
la libertad de expresión. Luis Ovalle, portavoz de Cerigua,
organización que lucha por “quebrar el cerco informativo tradicional que
ha limitado el derecho a la información en el país” y, además, “impulsa
una opción informativa diferente a las grandes cadenas noticiosas”,
afirma que “el número de amenazas contra periodistas ha crecido en
Guatemala” a pesar de la autocensura permanente”. Muchos periodistas de
medios locales y radios comunitarias “nos aseguran que se abstienen de
publicar informaciones sensibles sobre el crimen organizado, el
narcotráfico o la corrupción de los grupos de poder local que incluye a
gobernadores o alcaldes por miedo a las represalias”.
Según
Reporteros sin Fronteras, las radios comunitarias guatemaltecas
“constituyen uno de los principales medios de comunicación para
numerosas comunidades en los departamentos de Guatemala, especialmente
para las poblaciones mayoritariamente indígenas y aquellas en las que
Internet o medios tradicionales como la televisión no tienen alcance”.
El portavoz de Cerigua asegura que el presidente de Guatemala, Jimmy
Morales, ha arremetido contra aquellos periodistas y medios críticos e
independientes con el poder político. El Procurador de Derechos Humanos
Jordán Rodas ha tenido que intervenir en varias ocasiones en el
conflicto permanente entre el presidente y la prensa. Rodas emitió el 1
de febrero un informe en el que advertía que los periodistas que
investigan casos de corrupción, abusos de poder o crímenes del
narcotráfico son amenazados permanentemente.
También el alcalde
de Ciudad de Guatemala y expresidente, Álvaro Arzu, afirmó
recientemente que “tenemos que pasar por encima de las cabeza de los
medios de comunicación negativos” a los que acusó de difamar a las
autoridades y al país. Ovalle cree que tanto las críticas del presidente
como las del alcalde capitalino enrarecen el ambiente periodístico del
país, incrementan los ataques contra los informadores y desprestigian a
los medios que se atreven a informar de forma independiente.
Por eso Cerigua ha pedido a las autoridades estatales que “eviten
pronunciar discursos de confrontación que promuevan la violencia en
contra de medios de comunicación y periodistas críticos de su gestión”, y
que, por el contrario, “condenen públicamente las agresiones contra los
informadores, como lo ha pedido en más de una ocasión la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Matar periodistas en
América Latina es ya una tradición y suele salir muy barato porque los
responsables intelectuales y los propios asesinos casi nunca son
detenidos. Según la Federación de Periodistas de América latina y el
Caribe, en 2016 hubo al menos 38 periodistas y comunicadores asesinados
en el continente. Este número ya duplicaba al del 2015, cuando se
registraron 17 víctimas fatales. Aunque algunos casos siguen en
investigación, el Instituto Internacional de Prensa ha confirmado que
2017 finalizó con 23 periodistas asesinados en América Latina.
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